El centro del debate sobre la crisis de deuda soberana de los países del sur de Europa, principalmente Grecia, es la inviabilidad económica de los países afectados.

Grecia, al día de hoy, no podría pagar sus pasivos. Persiste una fuerte debilidad de sus finanzas públicas y del tamaño de su deuda, que equivale al total de la suma de las obligaciones de Irlanda y Portugal. Por si esto fuese poco, el país navega ya en el tercer año de recesión.

Por el momento se trabaja en un plan para que Grecia reciba más recursos de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para que se logre esto, es necesario que el Parlamento apruebe un enésimo plan de austeridad que contempla aumentos de impuestos, mayores despidos de burócratas, privatización de entidades públicas y la reducción en beneficios en el sistema de pensiones.

El plan sería multianual y pretende que el déficit del gobierno se reduzca de 10.5% del PIB a 7.5% en el 2012 y niveles inferiores a 5.0% en años posteriores. Ello podría implicar que la deuda del país ascendiera hacia niveles de 160% del PIB en el 2013, contra 142% que hoy representa.

Según cálculos de analistas, incluso con la ayuda monetaria, Grecia no saldría de su problema de solvencia. Esperar que exista un crecimiento siquiera satisfactorio en ese periodo es absurdo.

Por ello, nos encontramos en una fase políticamente muy sensible del problema. Las autoridades tanto en Europa como en Grecia enfrentan dilemas serios.

Para las autoridades de la comunidad existen riesgos encontrados. Por un lado intentan ser menos flexibles con el país afectado, para no detonar protestas más álgidas en sus propios países por ayudar incondicionalmente al país indisciplinado.

Por el otro, saben que ejercer una mano dura puede agravar el problema, aumentar la tentación de una solución unilateral y acrecentar los riesgos para el sistema financiero.

Las autoridades griegas enfrentan el dilema de seguir afectando a su población con medidas de austeridad y al mismo tiempo no salir de su problema básico.

Por otro lado, una solución unilateral le podría quitar al país los elementos que aportan un crecimiento que por sí solo nunca había logrado.

De las soluciones que se plantean, creemos que la más viable es una relajación de las exigencias fiscales para Grecia. Ejercer una mano dura es riesgoso dadas las presentes circunstancias y haría que eventualmente los mercados volvieran a descontar un ajuste brusco en el futuro.

Ello de todos modos implicará la necesidad de más recursos, para lo cual pudiera haber aportaciones más generosas de las autoridades implicadas -algo políticamente muy difícil de lograr- o una reestructura de la deuda.

Tal reestructura tiene sus bemoles. Implica reconocer quitas, ampliar plazos y reducir tasas. Involucraría a las principales instituciones financieras de la región y de Grecia misma, en donde está la mayoría de la tenencia de sus bonos soberanos.

Las agencias calificadoras han sostenido que una medida como tal implicaría la asignación de calificaciones mínimas a la deuda de varios países de la región.

Por su parte, si tal ajuste es unilateral, es decir, si las autoridades declaran un default y un intercambio de deuda con condiciones más favorables para ellas, la posibilidad de eventos de riesgo sistémico no es descartable dada la fuerte vinculación que hay en el sector financiero de la región. Es difícil pensar que las autoridades no encuentren una solución para evitar un incumplimiento explícito de Grecia y otros países periféricos sobre su deuda.

No obstante, pensándolo fríamente, evitar el incumplimiento de obligaciones financieras no exenta desde ahora a casi todos los países de Europa de incumplirles a sus ciudadanos en muchos beneficios que serán recortados. Ese es el verdadero default y es inevitable.

*Rodolfo Campuzano Meza es Director de Análisis de INVEX. Cualquier pregunta o comentario puede ser enviado al correo: [email protected]