Lectura 2:00 min
Importadores y exportadores de Chihuahua acusan a EU de incumplir acuerdo medioambiental de 1983
Una coalición empresarial de México acusó a Estados Unidos de violar un tratado medioambiental de 40 años de antigüedad al no evaluar el impacto en la calidad del aire de los residentes fronterizos mexicanos antes de cerrar un importante cruce de mercancías.
Transporte de carga en la frontera entre México y Estados Unidos.
Una coalición empresarial de México acusó a Estados Unidos de violar un tratado medioambiental de 40 años de antigüedad al no evaluar el impacto en la calidad del aire de los residentes fronterizos mexicanos antes de cerrar un importante cruce de mercancías, según una queja hecha pública este martes.
La queja, presentada ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que supervisa las cuestiones ecológicas en Estados Unidos, México y Canadá, argumenta que la decisión desviará decenas de miles de camiones al año a barrios que ya sufren altos niveles de contaminación.
¿Por qué importa?
La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana Sección Chihuahua presentó la queja en virtud del acuerdo comercial T-MEC, alegando que Estados Unidos violó el Acuerdo de La Paz de 1983 que exige la evaluación de los impactos ambientales significativos dentro de los 100 km de la frontera en ambos lados.
La decisión del 2 de mayo de la Administración de Servicios Generales estadounidense cerrará permanentemente las operaciones comerciales en el puente Córdova-Américas, a caballo entre la frontera de El Paso, Texas, y Juárez, Chihuahua, a partir de mayo de 2026, redirigiendo más de 40,000 cruces anuales de camiones principalmente a Zaragoza-Ysleta, a 19 kilómetros de distancia.
Te puede interesar
Zaragoza-Ysleta ya soporta el 67% del tráfico de camiones comerciales de la región, y la petición alega que los vehículos adicionales aumentarán significativamente la contaminación en los barrios mexicanos densamente poblados al sur del cruce.
Los peticionarios alegan que el estudio ambiental estadounidense no tuvo en cuenta las repercusiones transfronterizas, a pesar de que el tratado bilateral exige que ambos países evalúen y mitiguen los efectos ambientales significativos en la zona fronteriza de 100 km.
