El Cairo. La notoria ley de emergencia de Egipto, la cual otorgaba amplios poderes a la policía para detener y arrestar a la población, expiró ayer poniendo fin a 31 años abusos de autoridad ampliamente denunciados.

Desde el asesinato en 1981 del expresidente, Anwar Sadat, las fuerzas de seguridad estaban facultadas para detener y arrestar a personas sin cargos imputados, mantenerlos encerrados pese a órdenes judiciales y obtener confesiones mediante tortura. Los abusos, casi siempre quedaban impunes. Y llegó el punto, bajo el derrocado régimen de Hosni Mubarak, que grupos de derechos humanos afirmaron que había más de 10,000 personas en prisión y muchos de ellos desaparecieron en las prisiones egipcias.

Esto es enorme. Lo que realmente es crucial, es el mensaje. Las fuerzas de seguridad operaban bajo una cultura que les dijo que estaban por encima de la ley. Ahora tienen que regirse bajo la legislación vigente y no gozarán de facultades extralegales , manifestó Hossam Bahgat, un activista de los derechos humanos.

El levantamiento popular del año pasado, que quitó a Mubarak del poder, se vio impulsado en parte por la ira causada por los abusos.

Los gobernantes militares, que se hicieron cargo después de la caída de Mubarak, indicaron que no tienen intención de renovar dicha ley.

Afirmaron que seguirán a cargo de la seguridad del país hasta que una autoridad civil electa asuma el control. La cúpula militar ha dicho en repetidas ocasiones que entregará el poder a un presidente democráticamente electo a finales de junio.