Ciudad de México. Durante los últimos dos años, la política migratoria de México ha sido influenciada por el gobierno de Estados Unidos, en su momento por la administración del presidente Donald Trump y ahora por la de Joe Biden, comenta Alejandra Macías, directora de Asylum Acces México, organismo que ofrece ayuda legal para refugiados.

Para la activista, lo preocupante es que hay un incremento en la detección, detención y deportación de migrantes.

Llamó la atención en que el presidente Andrés Manuel López Obrador estrenó la Guardia Nacional con labores de contención de migrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala, para no dejarlos que llegaran a la frontera de Estados Unidos.

“Eso ha contribuido a que en México haya una mayor violación a los tratados y convenciones internacionales de las que forma parte”.

Dijo que, si bien el discurso del gobierno mexicano es que no ha cometido violaciones a derechos humanos contra las personas migrantes, lo cierto es que, el hecho de que no tenga protocolos para identificar personas que podrían estar en riesgo, en caso de regresar a su país de origen; la violación al principio de no devolución; el no acceso a la justicia y al debido proceso, todo eso implica ya violación a los derechos humanos.

En su opinión, el gobierno mexicano ha negociado ante el estadounidense con la vida de las personas que están huyendo de su país porque su vida corre peligro, como es el caso de los desplazados centroamericanos, que hoy se encuentran en México de “mojados”, como les dicen a los que intentan cruzar el río Bravo sin documentos migratorios, muchos de ellos “mojados” tres veces.

Entorno expulsa a habitantes

Para la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las causas del desplazamiento forzado desde Centroamérica se deben al empeoramiento del crimen y la violencia, fomentados por los cárteles de drogas y pandillas, junto con la fragilidad institucional y la creciente desigualdad.

El testimonio recogido por la ANUR de Raúl, un migrante indocumentado de 65 años, ilustra esta situación: “Teníamos nuestra propia panadería en El Salvador, hasta que llegaron las pandillas y ya no pudimos seguir vendiendo nuestro pan. Nos amenazaron hasta que salimos del país”.

La investigadora del Colegio de la Frontera Norte, María Dolores París Pombo comparte un comentario de uno de sus colegas en Guatemala, quien decía que de su pueblo sale todos los años muchísima gente. De cada 100 unos 90 los devuelven a México o incluso hasta Centroamérica, pero los 10 que entran, lo primero que hacen es comunicarse con sus familiares y amigos en Guatemala para decir ¡ya llegamos!, ¡sí se puede entrar!.

La esperanza muere al último.

diego.badillo@eleconomista.mx