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Hay intereses oscuros en el gobierno de Uribe
Carlos Ariel Sánchez, alertó sobre intereses oscuros para sacarlo del cargo y marginarlo de la coordinación de los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el 30 de mayo.
El titular de la máxima autoridad electoral de Colombia, Carlos Ariel Sánchez, alertó sobre intereses oscuros para sacarlo del cargo y marginarlo de la coordinación de los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el 30 de mayo, luego de las acusaciones en su contra por la demora en el conteo de votos de las elecciones legislativas del domingo pasado.
Ariel Sánchez, jefe de la Registraduría Nacional se encuentra en el ojo del huracán, pues a tres días del cierre de casillas electorales el domingo, aún no se conocen resultados definitivos de la conformación del Senado y la Cámara de Representantes. Tampoco se conocen los resultados de la consulta del Partido Conservador, realizada ese mismo día y de forma paralela a las elecciones legislativas, para definir a su candidato a las presidenciales de mayo.
El oficialismo responsabiliza a Sánchez de la demora en la entrega de los resultados y puso en duda las garantías para los comicios presidenciales, bajo su coordinación.
Además, el presidente Álvaro Uribe pidió a la Procuraduría Nacional investigar a Sánchez por versiones según las cuales habría consumido licor junto a sus colaboradores durante la jornada electoral, violando de esa manera la ley seca .
El gobierno aplica Represalia, denuncian opositores
No obstante, la oposición colombiana ha denunciado que desde el gobierno le quieren pasar una cuenta de cobro a Sánchez por negarse a certificar el referendo que buscaba facilitar a Uribe postularse a la reelección.
La Corte Constitucional invalidó hace algunas semanas esa consulta popular que planteaba reformar la Carta Magna para permitirle al actual Mandatario aspirar a un tercer periodo.
Sánchez desmintió las acusaciones de haber violado la ley seca y dijo que los periodistas que lo acompañaron durante las votaciones pueden dar fe de ello.
Por su parte, la empresa Arolen, contratada para la transmisión de los datos electorales, admitió su culpabilidad en las fallas presentadas y excluyó a la Registraduría de cualquier responsabilidad por lo sucedido.
La compañía declaró que la página web de la Registraduría fue atacada por hackers que distorsionaron varios procesos del conteo, pero los datos nunca estuvieron en riesgo.
