Bogotá. El gobierno colombiano de Iván Duque afirmó que desconocía que militares estuvieran realizando escuchas ilegales a políticos, periodistas y jueces, y pidió sanciones ejemplares contra los uniformados que sean hallados responsables.

La revista Semana publicó el fin de semana indicios y testimonios que presuntamente comprometen a efectivos del ejército en la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.

Acompañado por el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, expresó el rechazo del gobierno “a cualquier tipo de persecución, seguimientos o interceptación ilegal en el país”.

“Solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo (periodístico) que es hoy de conocimiento público”, declaró el funcionario en rueda de prensa.

Según Semana, uno de los militares involucrados en el escándalo le dijo bajo reserva que recibió la orden de entregar la información recolectada sobre una magistrada a “un reconocido político del Centro Democrático”, el partido en el poder que lidera el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Entre las víctimas de las interceptaciones estarían jueces de la Corte Suprema, congresistas de distintos partidos, gobernadores y reporteros de Semana, que el año pasado recibieron amenazas.

¿Duque lo sabía?

El senador de oposición Roy Barreras, uno de los blancos de las escuchas, desmintió lo dicho este lunes por el gobierno. “Señor ministro: el gobierno, el propio presidente Duque y la @FiscaliaCol ya conocían de estos seguimientos ilegales”, escribió en Twitter.

Barreras agregó que personalmente denunció “estos hechos” al mandatario en julio del 2019 y llevó la denuncia a la fiscalía en agosto. Asimismo, cuestionó que el responsable de Defensa sostenga que sólo supo de las escuchas ilegales cuando leyeron la investigación periodística.

No es la primera vez que las autoridades de Colombia afrontan señalamientos por seguimientos o interceptaciones ilegales.