El gobierno del presidente Joe Biden está considerando la posibilidad de crear un grupo formado por funcionarios de los departamentos de Justicia y Estado de Estados Unidos y otras agencias para ayudar a fiscales centroamericanos a combatir la corrupción en los países del llamado Triángulo Norte, dijo el jueves un alto funcionario estadounidense.

Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para Guatemala, Honduras y El Salvador, también dijo a periodistas que el gobierno de Biden tiene autorización del Congreso para elaborar listas de funcionarios centroamericanos involucrados en la corrupción, revocar sus visas de viaje y someterlos a sanciones.

Zúñiga habló días antes de que la vicepresidenta Kamala Harris, elegida por Biden para liderar los esfuerzos diplomáticos con Centroamérica, celebre una reunión a distancia con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei para discutir soluciones al aumento de la migración a la frontera de Estados Unidos con México.

Los funcionarios estadounidenses ven la corrupción como una de las principales causas del flujo de migrantes, junto con la pobreza y la violencia de las pandillas en sus países de origen, y quieren asegurarse de que un paquete de ayuda de 4,000 millones de dólares que se está preparando para la región se canalice de la forma adecuada.

Es importante que Estados Unidos demuestre que estamos del lado de los que son víctimas de la corrupción", dijo Zúñiga en una conferencia telefónica.

Mientras las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México están en su nivel más alto en dos décadas, en su mayoría impulsadas por migrantes centroamericanos, Biden está intensificando sus esfuerzos para aliviar una crisis humanitaria que ha sido una de sus primeras pruebas importantes desde que asumió el cargo.

El grupo de trabajo regional que está bajo consideración se enfocaría en casos específicos de corrupción y ayudaría a los fiscales de esos países a avanzar con sus investigaciones, dijo Zúñiga.

El funcionario sostuvo además que Estados Unidos está decepcionado con el fracaso de organismos anticorrupción en Guatemala y Honduras, lo que considera un "retroceso en los esfuerzo por promover la transparencia y combatir la impunidad".

La administración Biden ha estado explorando formas de revivir algunas de las funciones de estos órganos, que perdieron el apoyo de Estados Unidos bajo el mando del expresidente Donald Trump.

Guatemala fue pionera en un modelo respaldado por la ONU para combatir la corrupción con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un equipo de abogados e investigadores que trabajaron con fiscales.

Pero su labor provocó una dura reacción y la comisión fue expulsada del país en 2019. En Honduras, un grupo similar también se vio obligado a cerrar.