Río de Janeiro. Tres senadores brasileños presentaron el día de ayer una demanda ante la corte suprema para que se investigue si el presidente Jair Bolsonaro cometió el delito de "prevaricación" al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de la vacuna anticovid Covaxin.

Entre los tres legisladores figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria (CPI) que indaga en presuntas omisiones del gobierno en la lucha contra la pandemia que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.

Esa denuncia tiene el potencial de provocar la destitución de Bolsonaro (si es aprobada por la Fiscalía y votada en la Cámara), aunque los analistas estiman poco probable que el Fiscal General, Augusto Aras, visto como un aliado de Bolsonaro, acepte formular cargos en su contra.

Entre las sospechas figuran la sobrefacturación de la vacuna india Covaxin por la que se firmó un contrato de 45 millones de dólares, precio más elevado que por cualquier otro inmunizante adquirido.

La factura para tres millones de dosis aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud.

Según Bolsonaro seguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo.