El punto de partida de todo esquema propositivo en el quehacer humano debe provenir de planteamientos filosóficos e ideológicos que soporten congruente y sólidamente, a largo plazo, las estrategias para modificar el pensamiento social y el desarrollo sostenido de políticas públicas de un Estado. La historia nos ha enseñado que las ocurrencias pasajeras y los proyectos políticos a corto plazo son infructuosos, esfuerzos desgastantes y volátiles que con dificultad alcanzan un mero suspiro de posicionamiento en una comunidad, pálidos esfuerzos de una nada sin sustancia, desgastes fútiles, proyectos dispersos de banalidad política, meras buenas intenciones, por decir algo amable de ellas. De esto están llenos los escritorios de los funcionarios públicos. No basta con buenos ideales.

Trabajar en un proyecto a largo plazo que soporte y sobreviva a las tempestades políticas requiere no sólo de buena voluntad e intención noble, de ahí que hablar de propuestas para fortalecer un Estado de Derecho necesita sustancia.

Es por ello que todo esquema que pretenda impulsar proyectos de fortalecimiento en un Estado de Derecho requiere trabajos congruentes a largo plazo que impacten y, por qué no, que modifiquen el esquema de interpretación de dicho concepto. D e ahí que sea importante la materialización práctica en las necesidades de interpretación de lo que es y debe ser un Estado de Derecho.

¿Qué se debe entender como Estado de Derecho? A aquella nación que resguarda su seguridad, instituciones e intereses al amparo de la legalidad, basado en normas abstractas de aplicabilidad bicondicional y general, que elimine del imaginario social la impunidad, la negligencia política, el autoritarismo, combata la corrupción, pero sobre todo, la arbitrariedad en todos sus esquemas, que pugne por ser transparente, que rinda cuentas y sujete su actuar, invariablemente, a la legalidad de toda la sociedad sin importar nivel, estrato, condición o nombramiento.

Reconducir un país al orden necesario requiere trabajo profundo, no se puede hablar de paliativos o la desinformación dirigida, a lo que Noam Chomsky denominó estrategias de la manipulación mediática. El conocimiento sistemático de los objetivos y principios que soporten el proyecto sólido de acrecentamiento en un Estado de Derecho es lo que redunda en un factor determinante.

No podemos olvidar que respetar el Estado de Derecho se materializa con el ejercicio de la legalidad en todos los niveles, el respeto a las reglas de convivencia se alcanza sólo a través de la educación permanente, la capacitación y la practicidad de actos sencillos que permitan a todo ciudadano ejercer sin dificultades los derechos objetivos y sustantivos de cada país. Por lo tanto, se debe ejercitar en forma transversal el conocimiento de los estándares que implican el respeto a las normas de convivencia, partiendo de un equilibrio entre derechos y obligaciones; de lo contrario, es imposible exigir al ciudadano común, al personaje que dedica su vida a engrandecer con su esfuerzo día a día una nación, si no podemos mostrarle el camino más correcto a su desarrollo: el respeto irrestricto a un orden social establecido que se sujeta a normas jurídicas que materializan un Estado de Derecho.

Por ello, recomiendo acercar el conocimiento de lo que es un Estado de Derecho a todos los estratos sociales, fortalecer las instituciones encargadas de la difusión de las políticas públicas, redirigir los esfuerzos educativos recuperando el tema de conciencia cívica desde los primeros niveles educativos, que incluya márgenes de identificación con una conciencia social.

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