A pesar de que los gobiernos subnacionales enfrentaron en el 2020 la pandemia por Covid-19, su deuda no aumentó en la misma proporción que en otras crisis económicas registradas en México, como en las de 1994 y del 2009, debido al reforzamiento de los candados de la Ley de Disciplina Financiera, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En entrevista con El Economista, el coordinador de Gobierno y Finanzas del Imco, Manuel Guadarrama, explicó que si bien desde 1993 la deuda estatal y municipal ha presentado una tendencia al alza, hay dos periodos con elevadas tasas de crecimiento: las crisis de 1994 (45%) y del 2009 (20 por ciento).

Para el 2020, indicó, se esperaba que la deuda creciera, debido a que llegó la emergencia sanitaria y presionó las finanzas y economías locales, sin embargo, contra todo pronóstico y de una forma contracíclica esto no se generó, los gobiernos subnacionales siguieron una tendencia normal e inclusive hasta estancada.

“Lo atípico es que pese a que el 2020 fue de pandemia, no hubo un incremento superior en la deuda que contratan los estados”, dijo.

De acuerdo con el reporte Hablemos de Deuda en los Estados del Imco, en el 2020 el saldo de la deuda de estados y municipios ascendió a 637,275 millones de pesos, 33,423 millones más que en el 2019. Únicamente aumentó 2% anual en términos reales.

Para Manuel Guadarrama, la causa principal de que la deuda no incrementó aceleradamente se relaciona con la creación y praxis de la Ley de Disciplina Financiera, así como los reforzamientos de sus candados.

“Por las grandes contrataciones de deuda que se llevaron a cabo en administraciones pasadas, los grandes casos de Chihuahua, Coahuila, Veracruz o Quintana Roo ocasionaron que se tuviera que legislar y reforzar la Ley de Disciplina Financiera, fue que se impusieran una serie de candados”, recordó.

“Sí pudo haber influido de forma importante esta regulación de parte de las entidades y municipios al momento de contraer deuda pública”, señaló.

El especialista manifestó que con estos resultados es que se puede notar la importancia de la creación del Sistema de Alertas, herramienta de la Ley de Disciplina Financiera.

“A pesar de estar en un contexto de pandemia se tuvieron que cumplir estos controles establecidos de la disciplina financiera y en este sentido, se limitó esta contratación de deuda pública”, puntualizó.

Otro punto que impidió el endeudamiento y que se relaciona con esta legislación enfocada a lo subnacional, es el hecho de que gran parte de los actuales gobiernos locales están por terminar sus administraciones.

“Parte de las medidas de la Ley de Disciplina Financiera es que no pueden contratar nuevos créditos cuando van a terminar la administración, vienen las elecciones y tienen que dejar prácticamente en buenos términos la contratación de deuda pública”, indicó el experto.

Hay dos factores, expuso, que también influyeron para generar esta nueva dinámica de la deuda, el primero es que gran parte de los gobiernos subnacionales imitaron la política de austeridad de la Federación, ya que a nivel nacional no se registró una contratación de deuda superior a lo que se venía aplicando y se utilizaron los recursos disponibles en las arcas.

El segundo factor es que se generó una disparidad entre los Congresos locales y las administraciones estatales, “hay diferencias entre los partidos políticos”.

Todo esto, ahondó, se tradujo en que los Congresos estatales no aprobaron las propuestas de los Ejecutivos estatales.

Mejoras en la deuda pública

Para el coordinador de Gobierno y Finanzas del Imco, la actual Ley de Disciplina Financiera está dando resultados en materia de mantener endeudamientos en niveles sostenibles, sin embargo, lo que se tiene ahora que mejorar es ver el destino de la deuda pública.

“La otra parte que se debe ver es hacia dónde se destina la deuda pública, en principio tendríamos que estar obligados a inversión productiva”, planteó.

Resultados

Del total de la deuda subnacional registrada al cierre del 2020, las entidades concentraron 93% (593,812 millones de pesos), mientras que los municipios y sus organismos alcanzaron 7% (43,463 millones).

Los estados con los mayores incrementos anuales fueron Yucatán (99.7%), Jalisco (33.8%) y San Luis Potosí (25.8%), mientras las caídas más pronunciadas se observaron en Querétaro (-29.7%), Tabasco (-18.1%) y Sinaloa (-12.9 por ciento).

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