Debido al impacto que ha generado el Covid-19 en las finanzas estatales, particularmente en liquidez, al aumento de las brechas regionales y a la caída en el gasto federalizado que se prevé para el 2021, “es buen momento para efectuar una Convención Nacional Hacendaria”, aseguró Roberto Ballinez, director ejecutivo senior de Deuda Subnacional e Infraestructura en HR Ratings.

Al presentar el análisis de la contribución por estado a la Recaudación Federal Participable (RFP) en conferencia virtual, explicó que la Alianza Federalista (Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán y Tamaulipas) tiene razón en pedir que se revise el actual pacto fiscal y que incluso, se actualicen los mecanismos y fórmulas de distribución.

Lo anterior, dijo debido a que hay estados que no han mejorado su situación económica, a pesar de las asignaciones de recursos federales, y por ello, necesitan un mecanismo de evaluación; asimismo, hay entidades que han mejorado sus estrategias recaudatorias y necesitan mayores incentivos.

“Tienen razón, basado en información histórica y los datos que hemos demostrado. Sí existe cierto sustento técnico y empírico. Sí existe como tal un origen en esa demanda”, indicó.

“La coyuntura sanitaria, la coyuntura económica, que ciertamente es tanto interna como externa -hay temas económicos, financieros, a los cuales México se enfrenta, como otros países del mundo-, sí está revelando, haciendo más evidente estas diferencias. La situación hoy por hoy está haciendo más evidente esta demanda (...) pudiera ser un buen momento para que los actores se coordinen y planteen discusiones para mejorar los mecanismos”, reiteró.

Roberto Ballinez precisó que la distribución de recursos federales se está realizando como establece la Ley de Coordinación Fiscal, con las fórmulas y mecanismos que hay actualmente, por lo cual se puede descartar que se estén generando “cajas grises”, que sería favorecer a ciertos estados más que otros.

De acuerdo el análisis de HR Ratings, la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México son los estados que más contribuyen a la RFP, aportando en conjunto 72.3% de los impuestos tributarios en el 2018; mientras que recibieron 38.3% de las participaciones (Ramo 28) y 30.1% de aportaciones (Ramo 33).

Los de abajo

Además, hay 16 estados (Quintana Roo, Aguascalientes, San Luis Potosí, Yucatán, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Campeche, Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Durango, Nayarit y Tlaxcala) que aportan individualmente menos de 1.0% al total de la Recaudación Federal Participable.

En su conjunto contribuyeron con 5.3% en el 2016, 5.8% en el 2017 y 5.9% en el 2018. Estas mismas entidades recibieron 27.4% del Ramo 28 y 37.9% del Ramo 33.

“Con el paso de los años, estos 16 estados no han podido aumentar significativamente su recaudación como proporción del total nacional, lo cual persiste aún con las reformas en la Ley de Coordinación Fiscal que se han hecho a lo largo del tiempo (...) Esto apoyaría la idea de una eficacia limitada de los mecanismos de incentivos fiscales actuales y en particular, de los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”, reitera el informe.

“Los últimos estados que están en la tabla siguen siendo los mismos que están desde hace tres, cuatro, cinco años atrás, no hacen nada por mejorar, y los estados que más contribuyen siguen siendo los mismos cinco”, expuso Roberto Ballinez.

El estudio precisa que el Fondo General de Participaciones, el cual representa alrededor 72.7% del Ramo 28, para su fórmula de distribución considera entre sus coeficientes: el desempeño de la capacidad recaudatoria local, el dinamismo estatal en términos de crecimiento económico y la población de cada entidad.

En tanto, los factores que determinan la distribución de los recursos del Ramo 33 son: la demanda de servicios públicos, el avance de infraestructura social, los rezagos socioeconómicos y, una vez más, el peso relativo de la población (es parte del gasto programable).

Mejoras

Sobre cuáles serían las áreas de oportunidad para modificar el pacto fiscal, el experto de HR Ratings destacó que se debería incluir metas y mecanismos para incrementar los niveles de recaudación tributaria.

A mayor detalle, señaló que se debería premiar aún más a aquellas entidades con sistemas recaudatorios más avanzados y economías más desarrolladas; es decir, el monto de transferencias por concepto de participaciones debería de considerar un mecanismo que mejore la relación entre este monto y la contribución a la RFP de cada entidad.

Añadió que el principio de compensación (Ramo 33) debería considerar objetivos claros y cuantificables, así como incentivos que aseguren (con el paso del tiempo) la reducción de las brechas económicas y sociales que existen entre las diferentes regiones del país.

Puntualizó que no se debe olvidar que el componente poblacional también “debería de generar los incentivos necesarios para que aquellas entidades con un alto porcentaje de población en pobreza y de empleo informal incrementen su base tributaria y con ello, desarrollen sus capacidades productivas”.

Por último, aseveró que no es viable que alguna entidad se salga del pacto fiscal, ya que las entidades bancarias podrían demandar que se les pague la totalidad de la deuda de forma inmediata.

“Si se decide ya no formar parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cada entidad deberá tener en cuenta la enorme presión que representaría para sus finanzas públicas la exigibilidad, por parte de las instituciones financieras, del pago total de su deuda”, sostuvo.

HR Ratings ratificó la calificación al estado de Campeche

La ratificación de la calificación de HR AA- obedece a la expectativa de que el nivel de endeudamiento del estado se mantenga en un nivel similar al estimado en la revisión anterior en los próximos años. La perspectiva es Estable. Al cierre del 2019, se registró un superávit en el balance primario de 5.6%, en línea con una fuerte contracción del gasto corriente. Con ello, se reportó un incremento en la liquidez, por lo que la deuda neta disminuyó a 10.5% de los Ingresos de Libre Disposición (ILD) en el 2019. Sin embargo, para los próximos años, se proyecta el ejercicio de la liquidez mencionada anteriormente, con lo que la deuda neta ascendería a 19.6% entre el 2020 y el 2022. Sumado a lo anterior, se espera una reducción en los ingresos por participaciones por el Covid, con lo que se proyecta un déficit en el balance primario de 2.4% en 2020. Aunque una vez ejercida la liquidez, y debido a que se prevé una recuperación en ingresos federales, se estima un superávit de 0.2% entre 2021 y 2022.

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