En posición fiscal, reprueba más de la mitad de los estados: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que más de la mitad de las entidades federativas del país no cuenta con una posición fiscal sostenible, debido a que no mejoran su capacidad de recaudación de impuestos y tienen poco margen para reducir sus gastos.

En el tercer y último informe de la Cuenta Pública del 2017, se indica que, a pesar de que en el 2016 entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, los resultados del análisis de la posición fiscal de los estados, que hizo el organismo autónomo, apunta que en 17 territorios no fue sostenible.

Se trata de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

“Los principales riesgos a la sostenibilidad de las finanzas públicas identificados fueron la alta dependencia presupuestaria, debido a que 86.9% de los ingresos de las entidades proviene de transferencias federales”, reporta en su informe la ASF.

Refiere que otro riesgo es la baja recaudación tributaria, ya que los ingresos propios equivalieron a 25% de los Ingresos de Libre Disposición (ILD); además, tienen limitaciones para realizar ajustes o disminuciones al gasto ante presiones presupuestarias potenciales.

El informe destaca que 65.4% del gasto no etiquetado de las entidades federativas fue de carácter inercial e incremental.

Los estados que sí cumplieron con una buena posición fiscal fueron Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

¿Qué es la posición fiscal?

La ASF explica que la posición fiscal de las entidades federativas revela la situación financiera que tienen en un tiempo específico: trimestral, semestral o anual. En este caso es multianual, pues no siempre se contó con la información disponible.

Para su cálculo, se emplean indicadores que miden los resultados agregados de la relación entre las fuentes de recursos (que se componen de los ingresos presupuestarios y el financiamiento) y el uso de éstos (que corresponde al gasto público).

Entre los principales indicadores de la posición fiscal, se encuentran el balance presupuestario (equilibrio entre ingresos y egresos) y el primario (que los ingresos sean mayores a los gastos, sin considerar el pago de intereses de la deuda).

El análisis de dichos indicadores es relevante, debido a que la posición fiscal se vincula con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

“La sostenibilidad implica que los ingresos disponibles son suficientes para proporcionar los bienes y servicios públicos en el presente, sin comprometer los recursos para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras”, enfatiza la Auditoría Superior de la Federación.

Balances presupuestarios

Con lo anterior, la ASF identificó que, en el indicador de balances presupuestarios sostenibles, se encontró que 19 estados generaron un balance sostenible; mientras que 13 entidades obtuvieron un balance presupuestario negativo.

El balance presupuestario (sin financiamiento neto ni Remanentes del Ejercicio Anterior) muestra la capacidad de pagar los egresos (sin amortización de la deuda pública) con los ingresos, ante ausencia del financiamiento y otros ingresos de carácter no recurrente y extraordinario. Los resultados de dicho balance mostraron a 15 entidades con déficit.

Destacó Tlaxcala por el mayor déficit (9,125.2 millones de pesos) que representó 7.7% de su Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) del 2017. En Chiapas y Quintana Roo, se observaron los mayores superávits que equivalieron a 8.4 y 5.9% de su PIBE del 2017, respectivamente.

En el indicador de balance presupuestario de ingresos disponibles, la ASF determinó que 18 estados cumplieron con este principio de sostenibilidad, es decir, cuentan con ingresos disponibles y sin compromisos. Mientras que 14 entidades obtuvieron un balance presupuestario de recursos disponibles negativo.

La ASF concluyó que el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera por parte de las entidades federativas es parcial en lo relativo al principio de sostenibilidad, reglas de responsabilidad hacendaria y revelación de información financiera, por lo que es necesario que los gobiernos locales generen acciones encaminadas a cumplir con las disposiciones establecidas en dicha ley.

Para evaluar la posición fiscal de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación usó el principio de sostenibilidad a través de tres indicadores: balance presupuestario de recursos disponibles (sin financiamiento neto con fuente de pago de ILD ni Remanentes de Ejercicios Anteriores de ILD), solvencia y capacidad para pagar el costo financiero.

El balance presupuestario de recursos disponibles muestra la capacidad de pagar el gasto no etiquetado (sin amortización de la deuda pública) con los ILD, ante ausencia del financiamiento con fuente de pago de ILD y otros ingresos de carácter no recurrente y extraordinario.

En este indicador se identificó a 16 entidades con déficit en dicho balance.

“Estos resultados implican presiones en las finanzas públicas locales de estas entidades y limitan la capacidad financiera para garantizar la sostenibilidad en el corto y mediano plazos. Por lo anterior, la administración de la deuda pública tendrá un rol prioritario”, refiere el reporte.

Por su parte, la solvencia muestra el nivel de apalancamiento, el margen o espacio de la entidad para afrontar incrementos en dichas obligaciones con recursos de libre disposición. Se considera que la entidad contó con un margen flexible, si el indicador de solvencia se ubicó en un rango menor que 70.0%; restringido, en un rango mayor o igual que 70.0% y menor que 100.0%, y nulo si fue mayor o igual que 100.0 por ciento.

La solvencia resulta del saldo de las obligaciones financieras, otros pasivos, proveedores y contratistas y Asociaciones Público Privadas, entre ILD.

Un aumento persistente en dicha relación constituye un riesgo creciente, debido a que la entidad podría no cumplir con el pago de sus obligaciones financieras y enfrentaría presiones en sus finanzas públicas, lo que limitaría su capacidad financiera y sería necesario mejorar su balance y desempeño presupuestario.

En 11 estados la relación fue superior a 100.0%, por lo que cuentan con margen nulo para afrontar incremento de las obligaciones financieras y otros pasivos.

Capacidad

El tercer indicador es el de capacidad para pagar el costo financiero, el cual es la relación de costo financiero del gasto no etiquetado respecto del balance primario de recursos disponibles.

Según la metodología de la ASF, se considera que la entidad no contó con recursos suficientes si el balance primario de recursos disponibles fue negativo, o si el balance primario de recursos disponibles fue superavitario y el indicador fue superior que 100.0%, y contó con recursos suficientes si el balance primario de recursos disponibles fue superavitario y el indicador fue menor que 100.0 por ciento.

Al cierre del 2017, en 16 estados del país dicha relación fue positiva e inferior que 100.0%, por lo que contaron con la capacidad para pagar el costo financiero.

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