Para mejorar la transparencia del uso de recursos que se transfieren a los estados y municipios a través del Ramo 23 (Previsiones salariales y económicas), mejor conocida como la caja negra del presupuesto, es necesario que se cambien o mejoren las reglas de operación que se dan en cada uno de los fondos que lo conforman, afirmó Ricardo Gallegos Miranda, director de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings.

“Hay fondos que no tienen reglas de operación y cuando no tienes estas reglas existe la posibilidad de que el gasto no sea eficiente”, dijo en entrevista.

Detalló que si bien otros ramos del presupuesto se regulan a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Ramo 23 en realidad se implementa a través de un reglamento, el cual no tiene la misma fortaleza que la ley porque el reglamento está sujeto a interpretación e implementación de cada legislatura local.

“Este simple hecho hace que en nuestro armado institucional exista la posibilidad de que se creen programas que no puedan tener reglas de operación porque el reglamento no lo contempla”, ahondó.

Gallegos Miranda agregó que los reglamentos en el Ramo 23 permiten a los estados tener un cierto margen de maniobra para también exigir recursos a la Federación.

A su parecer, la caja negra del presupuesto está diseñada para tener discrecionalidad porque de alguna manera dentro de un armado federalista, está cediendo la potestad a la Federación a que decida a quién entregarle recursos.

“No se argumenta, por ejemplo, por qué es más importante recuperar el Acapulco tradicional en vez de recuperar la seguridad pública en Reynosa. Los recursos no se asignan en una base de qué es lo que nos produce más valor presente neto social de ese dinero invertido en una zona. Es un tema de gestión de recursos”, señaló.

Lo anterior coincide con un estudio que realizó México Evalúa, denominado Arquitectura del Ramo 23, donde indica que a través de los programas regionales, contingencias económicas y el Fondo para el Fortalecimiento Financiero se realizan las mayores transferencias a las entidades y municipios.

“Estos programas no cuentan con reglas de operación y los recursos adicionales que se les asignan en su mayoría no fueron autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año correspondiente. Su asignación se hace sin contrapesos y queda a criterio exclusivo de la Secretaría de Hacienda sobre cuánto se gasta, a quién se le da, por qué, cuánto y cuándo”, enfatiza.

Al no tener reglas claras, destaca, los recursos se pueden usar más con fines políticos y no con el propósito de mejorar las necesidades de los estados y sus demarcaciones.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 se asignaron 131,865.6 millones de pesos para el Ramo 23, mientras las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que se ejecutaron 129,530.5 millones.

No obstante, Transparencia Presupuestaria registra que el año pasado los recursos modificados ascendieron a 368,990.0 millones, un monto superior en 179.8 y 184.9% en relación con las cifras antes referidas.

En la última década, sólo en el 2009, año de la crisis económica y financiera, el dato de Transparencia Presupuestaria fue menor a lo estipulado en el PEF (63,770.0 millones frente a 82,835.3 millones).

Al respecto, el directivo de HR Ratings coincidió en que es un tema preocupante, pues en otros países, cuando se presenta un exceso de gasto no es mayor a 10%, y en el Ramo 23 siempre es mayor a 15% o más entre lo aprobado y lo ejercido.

SEÑALAMIENTOS

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mejorar el diseño de control interno que se maneja en el Ramo 23, ya que no cuenta con la transparencia suficiente para conocer claramente las ampliaciones y reducciones que se hacen a lo largo de cada año fiscal.

“El diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno (del Ramo 23) tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público federal”, refiere la Cuenta Pública del 2016.

La ASF recuerda que la SHCP es la responsable de administrar, integrar y llevar el registro contable del presupuesto del Ramo 23, así como realizar el seguimiento del ejercicio de las previsiones de gasto autorizadas con cargo a dicho apartado.

Por ello, recomendó informar el monto total de adecuaciones presupuestarias de los ramos previstos en la LFPRH, así como el presupuesto ejercido por los mismos.

Recuerda que en el artículo 58 de dicha ley se establece que, cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor a 5% del presupuesto total del ramo de que se trate, la SHCP deberá reportarlo en los informes trimestrales.

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