Para obtener una mayor transparencia del gasto público, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demanda establecer reglas claras de operación y condicionamientos generales a los gobiernos estatales para acceder a los recursos, así como lograr una responsabilidad fiscal, planeación de los proyectos y eficiencia operativa.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, afirmó que el Ramo 23 (provisiones salariales y económicas) se ha convertido en un espacio creciente de discrecionalidad en el gasto público, generando graves distorsiones, entre ellas el uso de instrumento de control político del gobierno federal sobre las administraciones estatales, el ejercicio presupuestal con inspiración político-electoral y erosión en el equilibrio en las finanzas públicas porque permite endeudamientos inoperantes a niveles federal y local.

A través de la Señal Coparmex, el líder patronal refirió que el gasto que se ejerce mediante el Ramo 23 “es muy cuantioso y creciente”.

En lo que va de la presente administración, aseveró, cerca de 318,000 millones de pesos, un equivalente a 30% de los nuevos ingresos derivados de la reforma hacendaria, se han transferido discrecionalmente a sólo tres programas del Ramo 23.

De Hoyos Walther propuso regular con mayor contundencia el destino de los ingresos excedentes y las reasignaciones presupuestales así como dotar al Congreso de capacidades y facultades técnicas para cuestionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “si bien puede revisar y debatir, no tiene esta posibilidad”.

Destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el documento de política económica de mayor complejidad en su proceso de gestación.

“Es producto de un proceso de debate y negociación en el que las fuerzas políticas establecen las prioridades de la acción gubernamental y asignan recursos públicos en cada rubro para su ejecución”, dijo.

Una regulación inteligente del Ramo 23 debe ser una prioridad, detalló el presidente de la Coparmex, por ello urge alcanzar la máxima transparencia e incidencia social del gasto público, como un reto impostergable para México.

Mencionó que, cada ejercicio, en el PEF existen fuertes discrepancias entre el gasto aprobado y el ejercido.

El empresario hizo hincapié en que estas diferencias son posibles debido a la flexibilidad normativa de este rubro que, según la SHCP, contiene “responsabilidades del gobierno federal que, por su naturaleza, no es posible prever en otros ramos administrativos o generales”.

En el PEF 2018, el monto para el Ramo 23 asciende a 131,865.6 millones de pesos.

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