Uno de los principales retos para estados y municipios será el manejo de la deuda a corto plazo en el cambio de administraciones locales durante los próximos dos años, aseguró Ricardo Gallegos Miranda, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings.

“La última reforma de la Ley de Disciplina Financiera (LDF) indica que tres meses antes de que se deje la administración se tienen que liquidar los cortos plazos (...) porque si no liquidan en tres meses todos los créditos a corto plazo habrá una responsabilidad penal”, detalló en entrevista con El Economista.

“Uno de los casos más recientes fue Baja California (Jaime Bonilla Valdez asumió el cargo de gobernador el 1 de noviembre del 2019, sustituyendo a Francisco Vega de Lamadrid), que logró pagar sus créditos de corto plazo tres meses antes de acabar la administración, pero tuvo un costo, ya que por destinar recursos a estos créditos dejó de pagar en algunas secciones salarios, proveedores, contratistas y prestaciones; cuando llega el nuevo gobierno toma un financiamiento a corto plazo de alrededor de 3,000 millones de pesos.

“Ese fenómeno se verá en prácticamente todos los estados y municipios que tengan un cambio de administración en los próximos dos y tres años; esto va a ocasionar que o se tenga una previsión de cómo cerrar la brecha ingreso-gasto, que fue lo que motivó el corto plazo, o veremos presiones sustanciales”, indicó.

Para el 2021 habrá nuevos gobiernos en Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, mientras que en el 2022, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

De acuerdo con la LDF, una de las condiciones para que las entidades contraten obligaciones a corto plazo —plazo menor o igual a un año— sin autorización de la Legislatura local, es que éstas “queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente”.

Según cifras del Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda, al 5 de febrero de este año, estados y municipios inscribieron financiamientos por un total de 32,711 millones de pesos, monto del cual 31.7% corresponde a obligaciones a corto plazo, cuyo destino es cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal. En todo el 2019, las obligaciones a corto plazo representaron 23.2% del total de financiamientos inscritos por 133,435 millones de pesos.

Desempeño

Ricardo Gallegos reconoció que en el 2019 los subnacionales registraron resultados positivos en métricas financieras, debido principalmente a que estados y municipios “sabían que tendrían menos recursos a través del Ramo 28 (participaciones federales) y por prácticamente la eliminación del Ramo 23”.

“Las expectativas de la mayoría de los tomadores de decisiones fue contener el gasto. ¿Cuál es el costo? Obra pública, seguridad, mantenimiento, movilidad, todo lo que sea necesario para no incurrir en un déficit que provoque tomar mayor endeudamiento”, aseveró.

En este sentido, la transferencia de recursos que realiza el gobierno federal a estados y municipios —gasto federalizado—, registró una caída de 4.0% anual, el peor resultado en una década. Además, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se detalla que habrá 1.98 billones de pesos de gasto federalizado, 0.1% menos, a tasa real, respecto a la cifra aprobada del año pasado.

Por su parte, el reporte Evolución de las Calificaciones Subnacionales de HR Ratings señala que durante el 2019, con información de la Cuenta Pública 2018, continuó el desempeño positivo observado en los últimos años en los ingresos de libre disposición del sector subnacional —crecimiento promedio anual de 9.2%—, que se basó principalmente en el aumento de las participaciones federales (10.3%) y en la recaudación de ingresos propios (6.9 por ciento).

En el 2019, la agencia realizó 24 acciones de calificación de entidades: asignó nota inicial a Hidalgo (“HR AA-”), ratificó 18, aumentó tres (Coahuila, “HR A-”, San Luis Potosí, “HR A+” y Veracruz: “HR BBB-”) y bajó dos (Durango: “HR A” y Sonora: “HR A-”). Ningún estado quedó por debajo del grado de inversión (“HR BBB-”).

 

Escenario actual

El año pasado los ingresos tributarios mostraron un crecimiento bajo, de 0.9% anual real, motivo que impactaría en la recaudación federal participable (RFP) del 2020, y por ende en las participaciones federales, que dependen de la RFP.

“La baja en los ingresos tributarios durante el segundo semestre del 2019 puede que ya tenga un efecto definitivo en la RFP del 2020, ya se utilizó el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas la posibilidad de que se tenga un decrecimiento en participaciones federales —el principal componente del gasto federalizado— es prácticamente un hecho durante el 2020”, manifestó.

“¿Cuál es el escenario que van a enfrentar estados y municipios? Probablemente muy bajo crecimiento o caída en participaciones federales. En aportaciones estimamos que se mantengan por un tema de etiquetado. Ya se acostumbraron a no recibir recursos del Ramo 23, además de todas las presiones naturales por contener el gasto de una manera muy fuerte en el 2019.

“Lo que va a enfrentar un subnacional promedio en México, en el 2020, es ingresos con poco crecimiento a nivel federal. Esto va a depender gran parte de qué hagan por el lado local, recaudación de ingresos propios, Predial y traslado de dominio dominan en un municipio, nómina en un estado, nuevos impuestos, los que quieran, y decidan tomar esta opción en un ambiente recesivo”, dijo el experto, quien, en este contexto, añadió, que los estados con mejores calificaciones y un entramado económico tendrán flexibilidad.

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