El juez cuarto de distrito con sede en Cancún otorgó el miércoles pasado la suspensión definitiva de las obras en Malecón Tajamar a los 113 niños que promovieron el amparo contra la devastación de manglar alegando su derecho a un ambiente sano, sin embargo también fijó una fianza de 20 millones de pesos pagaderos en los próximos 5 días hábiles para resarcir a los inversionistas, que son terceros afectados.

Raymundo Gil Rendón, doctor en derecho, constitucionalista y asesor de la asociación Salvemos Manglar Tajamar que lleva la causa de los niños demandantes, dijo que aunque es un fallo histórico también es una sentencia aberrante porque el juez está aplicando un criterio mercantilista al fijar una fianza inalcanzable para los menores y no ponderar correctamente el derecho de la colectividad a un medio ambiente sano por sobre el interés particular de los terceros afectados.

El monto de la fianza se fijó en base a la tasa TIIE a 28 días y en proporción al valor de los terrenos de Malecón Tajamar, que el juez declaró información confidencial.

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Gil Rendón anunció que promoverán el recurso de revisión sobre la fianza fijada por el juez, lo cual por lo menos se llevará tres meses en resolver y muy probablemente obligue al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a tramitar una nueva Manifestación de Impacto Ambiental del Malecón Tajamar, pues la que ahora tienen aprobada desde 2005 pierde vigencia en febrero de 2016.

Ya en el otorgamiento de la suspensión provisional del acto reclamado en septiembre de este mismo año, los promotores del amparo tuvieron que recurrir a la queja ante el Tribunal Colegiado porque en una primera instancia el juez cuarto había negado la suspensión provisional a los menores; en este caso, recurrirán de nuevo al Tribunal Colegiado para solicitar que revoque la fianza, alegando que ésta viola derechos consagrados tanto en la Constitución como en tratados internacionales suscritos por México.

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Dieron un plazo de 10 días para interponer el recurso y se dijo confiado en que el Tribunal resuelva de nueva cuenta a favor de los niños porque tal como está la sentencia del juez, ésta viola el artículo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos al solicitar algo imposible de cumplir y convertir el recurso de amparo en algo inútil e inefectivo, así como el artículo tercero de la Convención Internacional del Niño que habla del interés superior del menor, lo cual obliga al Estado a velar por su sano crecimiento y garantizarlo, en lugar de socavarlo con una fianza de este monto.

Nadie se va ir al amparo así con esos criterios, cuando se quiera proteger un derecho fundamental al medio ambiente, pues no va a poder ser porque va a prevalecer el derecho particular, mercantilista , explicó.

mfh