Cancún, QR. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya había negado en 2013 una autorización de impacto ambiental en Malecón Tajamar a la firma Jaguar Ingenieros Constructores, porque el proyecto que pretendían construir suponía la remoción de manglar y el relleno con sascab de los humedales del sitio.

Jaguar Ingenieros Constructores es una de las 22 firmas que aparecen como terceras afectadas (después de Fonatur) en el juicio de amparo que logró la suspensión definitiva de cualquier remoción de vegetación en Malecón Tajamar. Sin embargo, dicho recurso se suspendió porque los menores –que defendían su derecho a un medio ambiente sano– no presentaron la fianza de 21 millones de pesos que les exigía el juez para resarcir a las empresas que no podrían construir.

De acuerdo con el oficio SGPA/DGIRA/1663 al que El Economista tuvo acceso, Jaguar Ingenieros Constructores ingresó el 20 de septiembre de 2012 el proyecto Conjunto Residencial Malecón Cancún ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), el cual consistía en la construcción de un edificio de usos mixtos de 7 niveles, además de dos sótanos –uno para estacionamiento de 266 cajones y el otro para uso residencial y oficinas–.

La planta baja del edificio albergaría 10 locales comerciales y 12 oficinas; mientras que los seis pisos restantes se destinarían a la construcción de 35 departamentos y dos roof gardens, todo sobre una superficie de 7,790 metros cuadrados, en la manzana 06, supermanzana 09, lote 1 de Malecón Tajamar.

La DGIRA emitió la negativa a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) el 11 de marzo de 2013, aduciendo textualmente que la promovente se acoge al hecho de que al contar con un uso de suelo urbano asignado por el Plan Parcial, puede llevar a cabo el aprovechamiento del predio bajo el umbral que le permite el COS, sin atender que en los humedales con vegetación de manglar no se permite aprovechamiento alguno, sino únicamente acciones en su beneficio. Por tal motivo esta DGIRA determina que el proyecto, en la forma en la que ha sido planteado, incumple con lo establecido en el artículo 30 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA .

En 2013, la dependencia era dirigida a nivel nacional por Juan José Guerra Abud; el delegado en Quintana Roo era Raúl Omar González, y el actual titular de Semarnat, Rafael Pacchiano Alemán, fungía como subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.

Y ahora defiende el desmonte

La Semarnat difundió la semana pasada un comunicado en el que defiende la legalidad de las obras de desmonte de manglar del pasado 16 de enero, aduciendo que los permisos con los que cuenta el Malecón desde 2005 son anteriores a la reforma de ley que añadió en 2008 el artículo 60 TER, mediante el cual se prohíbe la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar .

Sin embargo, para negar los permisos al Conjunto Residencial Malecón Cancún en 2013, la propia DGIRA, dependiente de Semarnat, y al frente de Alfonso Flores Ramírez, sí evoca los alcances del 60 TER, argumentando que ese proyecto no se ajusta a los objetivos y especificaciones perseguidas por el artículo 60 TER de la LGEEPA ni la NOM 022, al pretender llevar a cabo la remoción de la totalidad de vegetación de su predio (cuya cobertura vegetal predominante es mangle), así como la desecación y relleno del mismo .

Ordenan mitigación

Diferentes asociaciones ambientalistas en Cancún han denunciado que la devastación de manglar y humedales realizada la madrugada del 16 de enero pasado incumplió todas las condicionantes de ley, como el respeto a un porcentaje de conservación en cada predio o el rescate de flora y fauna, pues esa noche las máquinas arrasaron el 100% de los predios que contenían no sólo manglar, sino especies animales con el estatus de amenazadas .

El viernes pasado, el cabildo del municipio de Benito Juárez (Cancún) aprobó un punto de acuerdo para realizar obras de rescate de flora y fauna en el Malecón Tajamar, como una medida resarcitoria de los trabajos de desmonte realizados el pasado 16 de enero y ante las críticas en redes sociales a nivel nacional e internacional.

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