Cancún, QR. Tras casi un mes de análisis, el Congreso del estado aprobó la remoción de Carlos Lima Carvajal como magistrado numerario del Poder Judicial de Quintana Roo, al encontrarlo responsable de violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.

Sin embargo, el magistrado se encuentra amparado, por lo que de manera inmediata esta determinación no tendrá efecto.

Juan Carlos Pereyra Escudero, presidente de la Comisión Transitoria de Proceso Jurisdiccional del Congreso de Quintana Roo, mencionó que Lima Carvajal ganó una suspensión dictada por el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún, por lo que la aprobación del Congreso tendrá que aguardar a que el amparo se resuelva de fondo.

De cualquier manera, explicó que la remoción de Carlos Carvajal viene acompañada de una sanción, pues el funcionario del Poder Judicial omitió presentar su declaración patrimonial durante el proceso de selección de aspirantes al cargo de magistrado numerario.

Espera

Pereyra Escudero explicó que pese a comprobarse la irregularidad y dictaminarse por la Comisión Jurisdiccional la destitución, tendrá que esperar los cuatro u ocho meses que se llevará el juicio de amparo promovido por el funcionario para ser votada en el pleno del Congreso y entonces surtir efecto.

Lima Carvajal no sólo está involucrado en los despojos de departamentos de lujo en Cancún, pues durante su paso como director del Registro Público de la Propiedad solapó la presentación de documentación falsa para la adquisición fraudulenta de propiedades; también enfrenta al menos dos denuncias penales por despojos en Tulum.

Carlos Lima es el último funcionario en activo que formó parte del llamado paquete de impunidad, votado y aprobado por la XIV Legislatura estatal en el último tramo de la administración de Roberto Borge Angulo, quien no únicamente lo nombró como magistrado numerario sino que impuso a Carlos Arturo Álvarez Escalera como titular de la Fiscalía General del Estado -quien renunció hace unos meses- y colocó al auditor Javier Zetina (también solicitó licencia, ante las presiones de investigar y reabrir las cuentas públicas del exgobernador).

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