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Acotarán al titular del Poder Judicial en Q. Roo
Recortan mandato, sin reelección, y suman numerarios al STJ.
Cancún, QR. El Congreso de Quintana Roo dio entrada a una nueva iniciativa que busca reformar la Constitución estatal para acotar el poder del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), reduciendo de 6 a 5 años la duración de su encargo, sin opción a reelección, además de ampliar de 9 a 12 los magistrados numerarios y así restar el control que tiene el borgismo sobre el Consejo de la Judicatura.
Se trata de una medida más para echar atrás el llamado paquete de impunidad del exgobernador Roberto Borge, que irá de manera paralela con los procedimientos penales que en breve se darán a conocer en contra del exmandatario y exfuncionarios de la anterior administración, aseguró el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del estado, Emiliano Ramos Hernández.
La iniciativa busca regresar al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar las ternas de candidatos a magistrados del Tribunal Superior, misma que, como parte del paquete de impunidad aprobado por la anterior Legislatura, le había sido conferida al Consejo de la Judicatura, hoy bajo el control total del borgismo, explicó el legislador.
También se aumentaría de 9 a 12 el número de magistrados, quienes tendrán voz y voto para la elección del próximo presidente del TSJ de Quintana Roo, con lo que se busca dar un nuevo equilibrio de fuerzas al interior del tribunal, precisó.
Justicia pronta y expedita
En las consideraciones de la iniciativa se menciona que en las condiciones actuales del Tribunal Superior de Justicia, no se cumple con el otorgamiento de una justicia pronta y expedita .
Por ello, se plantea que la duración del periodo del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado sea por un lapso de cinco años sin posibilidad de reelección, periodo que se estima suficiente y en el que se le permitirá implementar y desarrollar diversos proyectos en materia de administración de justicia, sin que sea necesario un periodo más amplio .
Dicha iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila (PAN), presidente de la Gran Comisión; la diputada Mayuli Martínez Simón, coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN; el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández; el diputado Juan Ortiz Vallejo, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena; Carlos Mario Villanueva Tenorio, representante del Partido Encuentro Social; el diputado Ramón Javier Padilla Balam, representante del Partido Nueva Alianza, y por el diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero.
El actual presidente del TSJ de Quintana Roo, Fidel Villanueva, asumió por primera vez el cargo el 8 de agosto del 2011 para cubrir un periodo de 4 años, pero en el 2015 logró la reelección por otros 6 años, es decir, hasta el año 2021.
Ramos Hernández explicó que, al tratarse de una modificación a la Constitución del estado, requerirá 17 de los 25 votos del Congreso, es decir, dos terceras partes de la Legislatura, así como la aprobación de seis de los 11 cabildos municipales de toda la entidad.
La iniciativa se vota desde el día de ayer hasta hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, para que a más tardar el viernes se esté votando en el pleno de la Legislatura.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD detalló que, como parte de las acciones en contra del paquete de impunidad, la Comisión de Hacienda dictaminará las objeciones que se estarán planteando en contra del nombramiento del titular de la Auditoría Superior de Quintana Roo, Félix Zetina González, primo del exgobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto.
Se espera que los próximos días se analice y vote la propuesta del punto de acuerdo promovido por el diputado local perredista Emiliano Ramos a efecto de que se realice una revisión de irregularidades en el proceso de renuncia, convocatoria, sustitución, nombramiento y requisitos de procedibilidad del auditor del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Quintana Roo .
El punto plantea que ante las ilegalidades y violaciones formales, se determine la remoción y se emita el decreto por el cual se elija a un nuevo auditor titular y suplente del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Quintana Roo, donde se observen las formalidades esenciales del debido proceso .
Demandas, en puerta
Ramos Hernández comentó que, si bien existe una gran expectativa respecto de la aplicación de la justicia en contra del exgobernador Roberto Borge y varios exfuncionarios del anterior gobierno, no se trata de hacer anuncios espectaculares que luego se nos caigan por no estar bien preparados .
Por esto, aseguró que se está trabajando en la documentación de varias irregularidades que se han ido encontrando en los primeros 20 días del nuevo gobierno, una de las cuales -y la que quizá sea la primera que se dé a conocer- es la referente a la enajenación de predios que eran patrimonio del estado y fueron vendidos a precios muy por debajo de su valor comercial.
El diputado indicó que se está trabajando con valuadores externos para tener valoraciones imparciales respecto del valor real de los terrenos, para poder contar con elementos suficientes que demuestren el dispendio y el uso de recursos públicos a favor de amigos o funcionarios del propio gobierno del estado.
Situación adversa obliga a Duarte a bajarse del barco
A más de un mes y medio de finalizar su mandato, Javier Duarte, gobernador de Veracruz, solicitó dejar su cargo debido a la situación adversa en la que se encuentra el funcionario, por los señalamientos e investigaciones de presuntos actos de corrupción, indicó Hilario Barcelata Chávez, coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas (OFP) de la Universidad Veracruzana.
El investigador refirió que esta situación es sospechosa, ya que en términos de la investigación que hay desde la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como la sanción que le impuso su partido, le descompone el esquema que tenía; en estos momentos tiene mucha presión y muy poco apoyo .
La difícil situación política en la que se encuentra Duarte, está derivada del desastre financiero de la entidad, pues durante su administración ha sufrido bajas de calificación crediticia por parte de Fitch, Moodys y HR Ratings, actualmente las tres tienen a la entidad en perspectiva Negativa.
Ante esta situación, Barcelata Chávez explicó que estas calificadoras bajaron la nota crediticia a la deuda de Veracruz y al estado como emisor, por lo que el próximo gobierno encontrará una situación muy delicada, ya que hay un riesgo en la retención de los ingresos por remanentes de los créditos, porque el gobierno no está cumpliendo con los condicionantes de los créditos .
Los factores clave que ocasionaron la reducción de las evaluaciones de las calificadoras fueron las prácticas débiles de la gestión y la administración que mostró el gobierno de la entidad para el cierre del 2015, que restan credibilidad y generan dudas hacia el desempeño financiero de la entidad en un contexto de alta incertidumbre.
Veracruz acumulará un déficit presupuestario de 138,918 millones de pesos en el periodo 2010-2016, ya que durante ese lapso se obtendrían ingresos por 253,349 millones de pesos, contra gastos por 392,267 millones de pesos, de acuerdo con información del OFP.
El especialista manifestó que con su salida, Javier Duarte podría tener un mayor margen de maniobra para defenderse. (Con información de Laura Quintero)
