Manejo adecuado de residuos peligrosos, más allá de la basura

Cada día toneladas de residuos peligrosos se generan en fábricas, talleres y hospitales. Se trata de aceites, solventes, químicos y desechos contaminados que, si no reciben un tratamiento adecuado, acaban en ríos, suelos y en el aire que respiramos. El impacto es enorme: contaminación del agua, afectaciones a la flora y fauna, y riesgos directos a la salud.

De acuerdo con la Semarnat y otras entidades ambientales, se estima que el país genera anualmente alrededor de 12 millones de toneladas de residuos peligrosos. Esta cifra varía ligeramente año con año, dependiendo de la actividad económica y de la implementación de políticas de control y gestión. Esto refleja tanto el desarrollo industrial como la necesidad urgente de infraestructura especializada para evitar que la basura peligrosa termine dañando ecosistemas completos.

El reto no es menor, pero México cuenta con un marco normativo sólido. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece obligaciones para empresas y gobiernos. Además, la NOM-173 de Semarnat fija los requisitos para diseñar, operar y clausurar confinamientos de residuos peligrosos.

El cumplimiento legal ya no es solo una obligación, es también una ventaja competitiva, y es que, quien maneja bien sus residuos no solo evita sanciones, también gana eficiencia y reputación en el mundo corporativo.

El marco incluye trazabilidad: desde que un residuo se genera debe quedar documentado hasta su disposición final. Sin embargo, en la práctica todavía hay fallas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señala que el 80% de las sanciones en la materia provienen de errores en identificación, almacenamiento y etiquetado de residuos.

Mina: un centro que confina y protege

A 40 kilómetros de Monterrey, en el municipio de Mina, Nuevo León, se ubica uno de los complejos más importantes de América Latina para el manejo de residuos peligrosos: el Centro de Tratamiento y Disposición Final de la empresa Veolia.

Con una extensión de 1,300 hectáreas, este sitio opera bajo estrictos estándares de seguridad y normatividad ambiental. Cuenta con certificaciones internacionales como ISO 9001, 14001 y 45001, además de un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que asegura que cada residuo reciba el tratamiento adecuado.

Los embarques llegan y se registran, se muestrean para determinar riesgos, se clasifican según compatibilidad, se almacenan en condiciones seguras por un máximo de seis meses y finalmente, se destinan a tratamiento o disposición final en celdas especialmente diseñadas. Cada paso queda documentado con un número de pedido que permite rastrear el residuo desde su origen hasta su confinamiento, explicó Víctor Alejandro Sánchez Ibarra, Jefe PSS del centro de tratamiento.

El corazón del sitio son las celdas de confinamiento, estructuras excavadas en el suelo con capas de arcilla compactada y geomembranas que evitan filtraciones. Un sistema de tuberías recolecta los lixiviados (líquidos contaminantes) para llevarlos a cárcamos donde se tratan.

“Cada celda tiene una vida útil. Una vez que se llena, se clausura y se cubre con otra capa de arcilla y vegetación para integrarla al paisaje”, comenta Juan Armando Garza Gutiérrez, Supervisor de disposición final del CTYDF. Al final, el terreno luce como una colina más del semidesierto regiomontano.

Un jardín botánico en medio del confinamiento

Más allá de la infraestructura técnica, el centro destaca por un espacio poco común en este tipo de instalaciones: un jardín botánico dedicado a la conservación y propagación de especies en peligro.

Aquí se cuidan agaves, cactáceas y otras especies enlistadas en la NOM-059 de Semarnat, que cataloga flora y fauna en riesgo. También se conservan plantas regionales de uso medicinal y frutales como la pitahaya.

“El monitoreo constante es fundamental. No solo confinamos residuos, también propagamos vida”, explica Víctor Alejandro Sánchez. “Muchas de estas especies almacenan agua en tallos y hojas, adaptándose al clima árido de la región. Aquí les damos una oportunidad de sobrevivir”.

El centro de Mina no se limita a enterrar residuos. También lidera proyectos de descarbonización, logrando la captura de más de 113,000 toneladas de CO₂ en el suelo y otras 4,200 toneladas en la vegetación del sitio.

Cada celda clausurada se reforesta, cumpliendo con el marco normativo que obliga a compensar el impacto ambiental. Así, lo que antes fue un depósito de desechos se transforma en un espacio verde que se mimetiza con el entorno natural.

La experiencia de Mina muestra que el tratamiento de residuos peligrosos puede ser mucho más que un requisito legal: es una oportunidad de sostenibilidad. El centro combina tecnología, normatividad y conservación ambiental, ofreciendo un modelo replicable para otras regiones del país.

Al final, desde un simple taller mecánico hasta una multinacional farmacéutica, la enseñanza es clara: cada residuo tiene un destino. Y cuando ese destino es seguro, documentado y responsable, se convierte no solo en una obligación cumplida, sino en un paso hacia un México más limpio y sostenible.