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Ley General de Economía Circular: qué cambia para las empresas en México

La ley establece reglas para que la actividad económica transite de un modelo lineal que va de, producir, consumir y desechar, a uno circular que prioriza extender la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y reincorporar materiales a los procesos productivos.

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Foto: Generada con IA

Redacción El Economista

La Ley General de Economía Circular (LGEC) ya forma parte del marco legal mexicano. Tras ser aprobada por el Senado el 10 de diciembre de 2025, la legislación fue publicada oficialmente el 19 de enero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que se activó un nuevo esquema regulatorio que transforma la manera en que las empresas producen, diseñan, usan materiales y gestionan residuos.

La ley establece reglas para que la actividad económica transite de un modelo lineal que va de, producir, consumir y desechar, a uno circular que prioriza extender la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y reincorporar materiales a los procesos productivos. 

De prácticas voluntarias a exigencias legales

Uno de los cambios más relevantes es que la economía circular deja de depender únicamente de la voluntad empresarial. La autoridad ambiental podrá emitir acuerdos por sector o tipo de producto que obliguen a las empresas a cumplir metas específicas de circularidad bajo el esquema de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Esto significa que productores e importadores serán responsables ambientalmente de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida: desde el diseño y fabricación, hasta su reutilización, reciclaje, valorización o disposición final.

Nuevo requisito: la Gestión Circular

Cuando un sector quede regulado por un acuerdo de REP, las empresas deberán elaborar una Gestión Circular y registrarla ante la autoridad. Este documento será clave y deberá incluir:

  • Análisis de ciclo de vida de productos.
  • Mecanismos de circularidad (reúso, reparación, rediseño, reciclaje, remanufactura, entre otros).
  • Metas, indicadores y metodologías de medición.

La autoridad puede autorizar, condicionar o negar el registro, además de exigir reportes periódicos. Incumplir, entregar información falsa o no alcanzar metas puede derivar en sanciones administrativas.

Impacto directo en diseño y cadena de valor

La LGEC impulsa un cambio profundo en la forma de concebir productos. Se promueve el diseño circular, la reparabilidad, la modularidad y el uso de materias primas secundarias en lugar de materiales vírgenes cuando sea viable.

También se fortalece el encadenamiento sustentable, donde residuos o subproductos de una empresa pueden convertirse en insumos de otra, integrando la circularidad a lo largo de la cadena de valor. Esto transforma no solo procesos internos, sino relaciones entre proveedores, fabricantes y distribuidores.

Más trazabilidad, más datos y supervisión

La ley exige mayor generación de información verificable. Se incorporan indicadores de economía circular, como huella de carbono, huella hídrica y niveles de aprovechamiento de materiales y energía.

Esta información alimentará registros y plataformas oficiales, y será relevante para inspecciones, auditorías y procesos de vigilancia. La trazabilidad de productos se vuelve un elemento clave de cumplimiento regulatorio, no solo un tema de sostenibilidad.

Nuevo escenario de riesgos ESG

Con este marco, una mala gestión de residuos, materiales o diseño de productos ya no es solo un problema ambiental, sino un riesgo legal, financiero y reputacional.

El cumplimiento de la LGEC se vincula directamente con la agenda ESG (ambiental, social y de gobernanza):

  • Mayor exposición a sanciones por incumplimiento.
  • Relevancia de información ambiental verificada.
  • Alineación con estándares internacionales, clave para empresas exportadoras o con inversión extranjera.

La ley también contempla auditorías ambientales voluntarias y distintivos para productos circulares, que pueden convertirse en herramientas de diferenciación en el mercado y en compras públicas.

Más allá de la obligación legal, la ley redefine la circularidad como parte de la estrategia empresarial, desde reducir desperdicios, rediseñar productos, recuperar materiales y optimizar procesos que puredan traducirse en eficiencia operativa, ahorro de costos y mayor competitividad.

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