En México casi dos terceras partes de la población cree que las reformas estructurales nunca beneficiarán a la población en general, de acuerdo con un sondeo de Citibanamex. Esta proporción ha crecido en los últimos dos años, pues en octubre del 2015 se trataba de 42% de la población quien tenía la creencia, pero en septiembre del 2017, el nivel llegó a 60 por ciento.

En correlato, la proporción de personas que le dan “el beneficio de la duda” a las reformas, es decir, que piensan que las reformas deben madurar antes de que puedan verse sus beneficios, bajó de 45% a 32 por ciento. Paralelamente, se ha reducido el número de personas que piensa que los beneficios de las reformas ya son perceptibles, de 9% a 5 por ciento.

Entre las reformas realizadas por el presente gobierno se encuentran la reforma educativa, la energética, en telecomunicaciones y radiodifusión, la financiera, en competencia y la tributaria.

Éstas implicaron cambios a nivel constitucional y fueron concebidas y concretadas durante los primeros dos años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, gracias al consenso político que logró con las principales fuerzas políticas del país (PRI, PAN y PRD) en el llamado Pacto por México.

En el rubro energético, la reforma rompió el monopolio de casi 80 años de Petróleos Mexicanos en el sector de hidrocarburos y de más de 50 años de la Comisión Federal de Electricidad en el sector de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, a su vez, sentó las bases para mayor competencia en ambos sectores al establecer regulaciones asimétricas para los dominantes (Telmex en telecomunicaciones y Televisa en radiodifusión). Asimismo, derogó el pago de larga distancia y de roaming.