Las sanciones que se han impuesto hasta ahora a la empresa Odebrecht se aplicaron en el marco de las atribuciones legales y derivado de las investigaciones que se realizaron sobre el caso, respondió la Secretaría de la Función Pública (SFP) ante un comunicado desplegado por la empresa.

La dependencia federal a cargo de Arely Gómez González enfatizó que las sanciones que se aplicaron fueron después de “identificar irregularidades en los contratos suscritos” entre la empresa y las áreas de Pemex por lo que se encuentran fundamentadas.

La resolución de la SFP sobre las sanciones a Odebrecht data del 2017, cuando en marzo de ese año la empresa se acercó a la dependencia federal a “efectos de esclarecer los hechos” y ser beneficiaria de una reducción de sanciones como lo prevén los artículos 31 y 32 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

“Posteriormente, en abril del 2017 la empresa solamente presentó un escrito sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta”, indicó la SFP.

Ante estos hechos, Función Pública comunicó a Odebrecht que no podría ser beneficiaria de una reducción de sanciones como lo solicitó por lo que la organización interpuso un juicio de amparo.

El juicio “fue resuelto en favor de la SFP al haber sido declarado improcedente por un juez federal, quien en sus consideraciones determinó que la empresa solamente había manifestado su intención de colaborar, sin aportar elementos suficientes que permitieran acreditar la confesión de hechos constitutivos de una infracción”, comunicó la dependencia federal.

La organización vinculada a actos de presumible corrupción en varios países de América Latina concluyó, en el comunicado difundido que buscará por todas las vías legales posibles echar abajo las resoluciones que se han dictaminado hasta ahora en su contra para que pueda realizar contratos con el gobierno mexicano.

hector.molina@eleconomista.mx