La Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que la competencia en los mercados de generación y comercialización de energía eléctrica podría verse afectada si no se imponen obligaciones para que el grupo cementero participe en la adquisición del paquete de acciones controlante que la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) posee en Isagén.

El Superintendente de Industria y Comercio Ad Hoc, Luis Guillermo Vélez Cabrera, mediante Resolución 525 del 10 de enero de 2014, condicionó la eventual integración empresarial entre Grupo Argos e Isagén y una de las condiciones establecidas por el organismo es la desinversión de activos, con el objetivo de dar cumplimiento a las normas del sector energético y neutralizar el poder de mercado que adquirirían las empresas integradas.

"Una operación de este tamaño e importancia, sin el cumplimiento de unas condiciones previas, podría restringir indebidamente la libre competencia, en perjuicio de los consumidores colombianos, quienes se podrán ver expuestos a pagar precios más altos por la energía", indicó la SIC en un comunicado.

Explicaron que de no condicionarse la eventual integración entre ambas compañías, éstas tendrían posibilidad de reducir las cantidades ofertadas en la bolsa de energía "e incluso podrían aumentar artificialmente el precio que los colombianos pagan por la energía eléctrica".

La decisión se fundamenta en los artículos 9 y 11 de la Ley 1340 de 2009 que no solo establece que el Superintendente está facultado para autorizar una integración sujetándola al cumplimiento de condicionamientos, sino que además advierte que los condicionamientos buscan aislar o eliminar el efecto anticompetitivo que puede producir la integración entre varias empresas.

"En caso de que Grupo Argos adquiera Isagén, la SIC podrá en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, realizar las visitas administrativas con el propósito de verificar el cumplimiento de los mismos. En caso de que Grupo Argos adquiera el paquete accionario e incumpla alguno de los condicionamientos, la SIC puede imponer sanciones de (i) hasta 100,000 salarios mínimos legales mensuales (equivalentes a 61,600 millones) para la sociedad y (ii) 2,000 salarios mínimos legales mensuales equivalentes a 1,232 millones) para las personas naturales que infrinjan el cumplimiento de los condicionamientos", se precisa en el comunicado.

Contra la decisión del Superintendente de Industria y Comercio Ad Hoc, procede el recurso de reposición.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica

erp