La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López representa un alto riesgo para la seguridad energética del país, al carecer de un marco normativo en la materia y no presenta una sustentabilidad jurídica por promover a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el predominante suministrador energético, afirmó Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra.

“La insistencia del gobierno actual por promover la aprobación de su iniciativa de reforma eléctrica mediante cambios en artículos de la Constitución, impactaría adversamente a nuestro país en materia de crecimiento económico, ambiental y de salud; impactaría al fomento industrial dentro todos los sectores productivos del país ocasionando daños irreversibles a mediano y largo plazo; ya que, detendría, discriminaría, y hasta ahuyentaría la participación del sector privado tanto nacional como internacional a través de la ausencia de sus inversiones”, dijo Juan Manuel Chaparro.

Mencionó que el empresariado nacional está de acuerdo en la necesidad de una industria eléctrica reforzada y competitiva; pero de ninguna forma son coincidentes con la propuesta eléctrica que promueve el Gobierno Federal, al representar un alto riesgo.

En entrevista, el representante de la Canacintra planteó abandonar la iniciativa de reforma eléctrica, o de lo contrario, México, su industria, su economía y la población pagaran sus consecuencias.

Para el industrial, ninguna política energética debe basar su futuro en el uso del carbón o combustóleos contaminantes, de hacerlo, advirtió que sería anti competitiva por los incrementos en los costos que involucraría en la generación de energía y el daño irreversible al medio ambiente, así como la salud de los mexicanos, con las emisiones de carbono, aunque el gobierno mexicano niegue su uso.

La reforma eléctrica está en contra del uso de nuevas tecnologías y tendencias internacionales para lograr reducir la contaminación ambiental hasta el grado de generar cero emisiones contaminantes a nuestro ambiente.

Además de que no garantiza equidad dentro del mercado eléctrico, al limitar y reducir la participación del sector privado en el sector energético.

“Limitar la libre competencia eleva aún más la desconfianza de los inversionistas por los cambios de regulaciones sobre la marcha que afectan a las inversiones realizadas y por venir; por lo que, México debe fomentar más inversiones y dar inseguridad jurídica, en lugar de violar el estado de derecho sobre estas”, expresó Juan Manuel Chaparro.

Para el representante de la Canacintra, la industria nacional requiere energía más económica, pero sin subsidios, que permita reducir sus costos de producción y ser más competitivos, de modo que si  el gobierno recurre a los subsidios en las tarifas eléctricas para “tapar” el aumento a éstas, entonces estaría abonando a un problema mayor “triangulado” a otras áreas el exceso de costos-gastos, con afectación a las finanzas públicas.

kg