El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que su país analiza la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y reconoció que a las empresas estadounidenses les preocupa el tema.

“Tenemos que ver cómo va a caminar (la reforma energética) porque las empresas que han invertido en energía renovable, con el respaldo de los Estados Unidos, han invertido más de un billón de dólares (mil millones de dólares). Por supuesto están preocupados, pero yo creo que hay posibilidades de que se pueda resolver”, declaró en conferencia de prensa en la residencia oficial.

“Nosotros recibimos el punto de vista de las empresas que han invertido en México. Estamos viendo cómo se pueden entender más los motivos de la reforma, creo que hay posibilidades de que podamos llegar a un lugar donde haya resolución”, agregó.

El diplomático destacó que México requiere de la inversión de empresas estadounidenses, no solo en el sector energético, sino en otros rubros. 

“Tenemos que asegurar que vayan a tener la energía que se requiere para el desarrollo de la economía aquí en México, pero ese desarrollo también tiene que ser dentro del marco que tenemos en la cadena de suministro”, dijo.

Ken Salazar reiteró que existe buena relación entre las dos administraciones y puntualizó que ante la falta de diálogo y trabajo en conjunto durante cinco años, gracias al liderazgo del presidente Joe Biden el acercamiento bilateral avanza para atender la migración, seguridad y el tráfico de drogas.

El diplomático dijo que no puede confirmar un eventual encuentro entre el presidente Joe Biden, con sus homólogos mexicano y canadiense, luego de que hoy trascendiera que se realizaría el encuentro la próxima semana.

La semana pasada Ken Salazar informó que estuvo en Palacio Nacional conversando con funcionarios del gobierno mexicano sobre la iniciativa de reforma eléctrica, encuentro en el cual manifestó el interés por conocer “el ímpetu” del proyecto y también expresó la preocupación de su gobierno por el mismo.

También se reunió con empresarios del gremio de energías renovables, de quienes reconoció que “están brindando energía limpia, asequible y confiable a México”.

La iniciativa de reforma eléctrica planteada por el gobierno mexicano prevé la vuelta al monopolio estatal de comercialización eléctrica y la limitación de la participación privada en el mercado de generación.

Plantea la cancelación de todos los contratos y permisos de generación eléctrica en manos de privados, pero especifica que a los privados se les permitirá participar en un mercado que consistiría en el 46% de la generación nacional, sin especificar cómo serían los términos de los nuevos permisos.

También establece un nuevo orden de despacho de energía eléctrica para priorizar la generación eléctrica de la CFE en sus modalidades limpia y fósil y dejar al final el fluido eléctrico generado en las centrales privadas, tanto fósiles como limpias (eólicas y fotovoltaicas, principalmente).

Finalmente, propone eliminar los órganos reguladores energéticos actuales: la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos; así como la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE, con lo que la empresa recuperaría la gestión del sistema eléctrico.

Iniciativa de alto voltaje

La iniciativa de reforma eléctrica del gobierno obradorista plantea:

1. Cancelar los permisos y contratos que permiten la generación eléctrica de privados a través de sus distintas modalidades (autoabastecimiento, productores independientes, generadores por subastas, etc.)

2. Permitir que los privados participen en la generación bajo nuevos términos (no especificados aún) y con un límite fijado en 46% de la generación total del país, debiendo vender su energía únicamente a la CFE.

3. Cerrar a la inversión privada el mercado de comercialización de electricidad para que CFE tenga nuevamente el monopolio del suministro eléctrico.

4. Establecer un nuevo orden de despacho eléctrico que privilegiaría la generación hidroeléctrica, nuclear y geotérmica y fósil de la CFE, dejando atrás la la generación fósil de privados (gas) y las energías eólica y solar, que detentan principalmente privados.

5. Desaparición de los órganos reguladores energéticos actuales: la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía a la CFE.

6. Reversión de los términos de separación legal y funcional de la CFE, que permitían saber el comportamiento de cada uno de los negocios de la empresa (generación, transmisión, distribución y comercialización) para evitar conductas que pudieran poner en riesgo la competencia en los mercados.

perla.pineda@eleconomista.mx

rrg