La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició una investigación de oficio para revisar las cláusulas, términos y condiciones de los servicios de televisión por Internet.

La investigación responde a las denuncias que han hecho diversos usuarios a través de redes sociales, particularmente contra el proveedor Chivas TV , por la modificación de los términos y condiciones de su contrato para que los usuarios renuncien a su derecho de acudir a la Profeco, así como a instancias judiciales y administrativas, para la resolución de conflictos.

OPINIÓN: El extraño caso ?de Chivas TV

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), son consideradas abusivas y se tendrán por no puestas, las cláusulas y condiciones que permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, permitan al proveedor sustraerse de sus obligaciones; trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad del proveedor.

Así como que establezcan términos inferiores a los legalmente establecidos (por ejemplo, cuando establecen periodos para hacer efectivas las garantías menores a la Ley, obliguen al consumidor a cumplir ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor; y obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta ley o lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros o procedimientos arbitrales.

undefined

Después de una modificación a los términos de uso de la plataforma de Chivas TV, la compañía había advertido a sus clientes que al usar la plataforma no podían recurrir a instancias judiciales para quejarse por el servicio, en caso de que los clientes no estuviera conformes con el servicio que la empresa provee.

Después del primer partido del equipo trasnmitido de manera oficial, algunos clientes de la plataforma en línea presentaron quejas en la Profeco por fallas en el servicio, por lo que la dependencia inició una investigación a Chivas TV. La Profeco informó que solicitó algunos requerimientos a la plataforma, y continúa la investigación para determinar si la empresa se hace acreedora a una sanción que podría ascender a un máximo de 3 millones de pesos.