El 90% de los contratos emprendidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son realizados vía adjudicación directa y por invitación restringida, lo que da paso a incurrir en opacidad y corrupción, con la gran ausencia de la competencia, alertó el sector patronal del país.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que “preocupa” el uso excesivo de las adjudicaciones directas utilizadas por este gobierno, porque un funcionario directo del contrato es quien decide la compra, tal es el caso de los proyectos como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas;  en cambio en una licitación se permite la competencia y transparencia.

El gobierno federal anunció que realizará compras de medicamentos al extranjero vía adjudicación, sin embargo, ya existen dos casos claros de que esta herramienta no han funcionado, como es el tema de los ventiladores y las batas de los médicos.

En webinar, el presidente de la Coparmex se pronunció por modificar la ley de adquisiciones para mejorar la transparencia, pero no hacer de la adjudicación una norma general que genere más corrupción, por lo que planteó 10 principios que los legisladores deben tomar en cuenta para mejorar las contrataciones, que partan de transparencia, competencia, no discriminación, eficacia, confianza, certeza y promoción de los integrantes de los servicios públicos.

“En Coparmex advertimos que el apresurado intento por legislar la reforma a la Ley de Adquisiciones va en contra de todos y cada uno de estos 10 principios propuestos, mismos que provienen de las mejores prácticas internacionales”, sentenció.

Max káiser, presidente de la Comisión anticorrupción de la Coparmex, dijo que este 90% de las contrataciones públicas no está sometida a generar competencia y va en contra de las prácticas internacionales.