La latente cancelación oficial del proyecto de construcción de una planta de cerveza en Mexicali, Baja California, a la empresa estadounidense Constellation Brands tiene como precedente otro caso que al gobierno mexicano le costó más de 169 millones de dólares.

El riesgo está ahí, aunque aún hay mucho en espera: el acto de cancelación oficial, la negociación de un cambio de lugar de la fábrica y, si se llega a establecer un panel de solución de controversias, el fallo a favor de México o de Constellation Brands.

La empresa afectada podría interponer un amparo e iniciar un caso inversionista-Estado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Como antecedente, luego de que Estados Unidos no permitió el ingreso de azúcar mexicana con preferencias arancelarias, como lo establecía el TLCAN, el Congreso de la Unión (en oposición al gobierno del presidente Vicente Fox) fijó un impuesto de 20% a partir de enero del 2002 a las bebidas elaboradas con fructosa.

Pero el Congreso de la Unión se vio obligado a eliminar ese impuesto en el 2007 por un panel en el marco del TLCAN, que calificó al gravamen como violatorio del compromiso de trato nacional adquirido por el gobierno mexicano, debido a que discriminaba a la fructosa respecto del azúcar, un sustituto directo.

Además, por aplicar ese mismo impuesto y forzado por otros paneles levantados en el Centro Internacional de Resolución de Controversias (ICSID) del Banco Mundial, México pagó 169 millones de dólares más intereses por la indemnización a cuatro empresas productoras de fructosa: Corn Products (58.3 millones), Cargill (77.5 millones) y Archer Daniels Midland y Tate & Lyle (33.5 millones).

El fin de semana pasado se llevó a cabo la consulta ciudadana sobre la conclusión de la planta de Constellation Brands. De los votos de los 27 módulos instalados, 76.1% (27,975) rechazó el proyecto, mientras que 23.2% (8,557) de los reactivos se declaró a favor.

Constellation Brands ha invertido unos 900 de los 1,400 millones de dólares que tiene programado en la construcción de la planta de Mexicali, pero por una supuesta insuficiencia de agua en la región y la realización de una encuesta local sobre ese asunto, el gobierno de México ha declarado que se le negará el permiso de agua a la fábrica, lo que implicaría cancelar las obras ahí.

La realización de la consulta pública se llevó a cabo a pesar de existir dos amparos en su contra: el primero fue presentado por la agrupación Artículo 39 ProBC y el segundo debido a que se llevaría a cabo en contra de las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social del gobierno federal.

Sobre la planta de Mexicali, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hubo corrupción en los permisos otorgados a Constellation Brands. “Claro que sí (hubo corrupción), influyentismo. Nada más es cuestión de pensar: ¿cómo dar un permiso para construir una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua?”, criticó.

En el capítulo 11 del TLCAN establece un mecanismo para la solución de controversias que asegura tanto un trato igual entre inversionistas de las partes, de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional, como el debido proceso legal ante un tribunal imparcial. Un inversionista de TLCAN que alegue que un gobierno anfitrión ha violado sus obligaciones de inversión podrá optar por uno de los siguientes mecanismos de arbitraje: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial; las reglas del mecanismo complementario del CIADI y las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (Reglas de CNUDMI).

Caso de Constellation Brands

Consulta ciudadana fue ilegal: barra de abogados

La Barra Mexicana de Abogados calificó como “corrupta” e “ilegal” la consulta por la que se decidió cancelar la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California.

Ello, debido a que existe un “desdén” al estado de derecho y el ejercicio ciudadano sólo reúne “opiniones”. La organización exhortó a las autoridades a cumplir de forma cabal la Constitución y los correspondientes tratados internacionales a fin de fortalecer “nuestro deteriorado estado de derecho”.

“En ningún momento se establece que el resultado del ejercicio será vinculatorio, y es natural, porque no puede serlo si no tiene un sustento legal ni fuerza para revertir una decisión gubernamental”, mencionó en un comunicado. La barra indicó que la consulta y sus resultados “no pueden ser vinculados”, dado que significaría un acto de “autoridad” que, incluso, puede ser revocado por la administración pública en cualquier momento. Indicó que el resultado a favor de la cancelación de la planta resulta “un absurdo” porque ello implica que quien incumple con la ley tiene más derechos de defensa que los afectados.

[email protected]