El gobierno federal hizo un fuerte llamado a la regularización de aquellas empresas que recurren a los esquemas no legales de subcontratación laboral. Advirtió que perseguirá a las agencias de outsourcing ilegal como delincuencia organizada, y a los patrones que las contraten, les aplicará la ley de seguridad nacional, con lo que en ambos casos, podrían ser sancionados desde 14 hasta 20 años de prisión.

Durante la habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, funcionarios federales hicieron una exposición sobre dicho tema.

Explican situación del outsourcing

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dijo que la subcontratación ilegal que tiene que ver con la defraudación a los trabajadores, el lavado de dinero, así como defraudación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit.

Alcalde indicó que actualmente 5 millones de trabajadores están contratados bajo ese esquema. Destacó que la Ley Federal del Trabajo sí considera un esquema subcontratación legal, cuando en ésta los patrones son solidarios con sus trabajadores. En cambio, dijo, se considera subcontratación ilegal cuando un tercero contrata a una persona para que el patrón evada sus relaciones laborales con ella.

La títular de la STPS aseveró que el gobierno tiene identificadas a 6,000 empresas de subcontratación “abusivas” que evaden un monto de 21,000 millones de pesos anuales.

Indicó que el outsourcing ilegal afectan porque precarizan el mercado laboral y la mano de obra; también a la estabilidad en el empleo, el pago de utilidades, la antigüedad de los trabajadores, y sus ingresos por prima de antigüedad y liquidaciones.

Por su parte el director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que en una práctica que se considera defraudación fiscal, en diciembre del 2019 alrededor de 14,553 empresas —con 101 a 500 empleados— dieron de baja a todo su personal. Aseveró que se trata de “prácticas agresivas” de subcontratación, lo que afectó a más de 64,000 trabajadores en México.

“También hay una afectación a las empresas, primero porque hay una practica desleal hacia las compañías cumplidas con sus trabajadores”, planteó.

Indicó que en 2020 se están planteando nuevas acciones para que gobierno y empresas puedan garantizar el cumplimiento de la ley y resarcir los derechos de los trabajadores.

Indicó que habrá siete operativos especiales, uno de ellos enfocado a grandes empresas de hotelería, farmacéuticas y producción de alimentos, donde se identifican a 10,000 trabajadores subcontratos a través de 36 empresas subcontratistas.

“Vamos a continuar de manera muy decidida, intensa, aplicando este trabajo coordinado; se tiene que acabar la impunidad, nadie puede entrar a uno de estos esquemas sabiendo que es de carácter ilegal, pensando que no va a pasar nada y que puede seguir lucrando a costa del derecho de los trabajadores. También estamos exhortando a todos los patrones reales a que se regularicen, a que abandonen este esquema ilegal de contratación laboral. También estamos intensificando todas estas acciones de inspección, de revisión a todas las empresas que continúen utilizando estos esquemas agresivos de contratación de personal, y también una campaña masiva de difusión para sensibilizar a los trabajadores, que sepan cuáles son sus derechos, por qué es tan importante que revisen sus datos ante el IMSS, que lo hagan en línea la vigencia de derechos, que ellos sepan cómo los tienen contratados sus patrones”, aseveró.

Denuncias por defraudación fiscal ligada al outsourcing

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda, dijo que ha presentado 51 denuncias por defraudación: 31 por empresas fachadas, 15 por facturación simulada y cinco por outsourcing ilegal.

Indicó que la UIF identificó a 1,854 empresas sospechosas, de las cuales siete fueron objetivos por esquemas de operaciones irregulares, como triangulación de recursos, accionistas sin información financiera, prestanombres y disparidad entre lo declarado y lo facturado.

“El marco normativo ha cambiado, durante la anterior administración se permitió generar este tipo de prácticas que daban como resultado un problema de defraudación fiscal, de generación de empresas fachada, de caminos y vehículos para fomentar la corrupción y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: este tipo de conductas deben de concluir”, manifestó.

De 14 a 20 años de prisión; habrá escuchas y cateos

Por su parte, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, advirtió que habrá una “persecución” desde el gobierno en calidad de delincuencia organizada contra aquellas agencias de subcontratación ilegal de personal.

Expuso que esa Procuraduría recibirá las vistas de la Unidad de Inteligencia Financiera, como del IMSS y el SAT, para iniciar investigaciones por defraudación fiscal y presentar las denuncias que acrediten el delito y la delincuencia organizada conforme a lo aprobado el año pasado en la miscelánea fiscal, y que entró en vigor a partir del 1 de enero.

“Lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal, y es en la reforma que entró en vigor este año donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contraten el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio”, explicó.

Argumentó que dichas reformas permiten identificar y “perseguir” como delincuencia organizada a todas las empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal, es decir, tres o más personas que de forma reiterada lleva a cabo actividades ilícitas como la defraudación fiscal, y constituyen diversas cantidades de empresas cuyo único objetivo es: no pagar las cuotas de seguridad social, no pagar las cuotas del IMSS, del Infonavit, minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral con empleados.

“Al que compre el producto también puede ser catalogado como delincuencia organizada, pero a ese tipo de contribuyentes, si se acerca ante la autoridad puede haber oportunidad de regularizarse. Es muy importante que quede claro: al que contrate este tipo de servicios corre riesgos. ‘¿Qué riesgos puede poder? Que se inicie una investigación contra él, que se presente una querella, que se presente una orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio.

“Al delincuente organizado que da este servicio, que presta este servicio ilegal, puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y condenado hasta con 20 años de prisión. Es muy importante que dejen de prestar este servicio ilegal. Si hay sanciones, esto ya cambió”, advirtió.

Hizo un llamado a las empresas que actualmente se encuentran en esta condición, a que se acerquen al SAT para regularizar su situación. Indicó que el año pasado, empresas que habían comprado facturas falsas se acercaron y pagaron más de 2,000 millones de pesos.

“Quien reciba este servicio a partir de este año corre el riesgo de poder ir a la cárcel, que no tenga derecho a fianza, y poder ser sancionado con más de 14 años de prisión”, sentenció .

Indicó que para el caso de los patrones, que son los que contratan el servicio de tercerización o de outsourcing ilegal, se les podría aplicar el delito contra la seguridad nacional. “El delito contra la seguridad nacional también permite prisión preventiva oficiosa por encima de 7.5 millones de pesos, pero aquí si se da la oportunidad para que puedan regularizar su situación fiscal, que paguen todo lo que deben, y a cabio de eso no se va a ejercer acción penal. Por eso es muy importante que regularicen su situación”, planteó.

Intervención de comunicaciones y cateos

El procurador Carlos Romero Aranda comentó que al ser considerada la defraudación fiscal como un delito de delincuencia organizada, la autoridad hacendaria y fiscal (el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación), pueden recurrir a métodos como la intervención legal de comunicaciones y cateos.

“Con estas herramientas que da el régimen de excepción de la delincuencia organizada, nos permiten tener escuchas para poder identificar cómo se mueven estas organizaciones, tener criterios de oportunidad: cualquier integrante de la sociedad puede tener un beneficio si dice quién es el líder de la organización criminal. Puede haber cateos”, refirió.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trata de una operación de prevención hacia las empresas, a las cuales les dijo que ya pueden pagar con tranquilidad sus impuestos, porque éstos “ya no son malversados”.

“Es una acción preventiva porque lo que queremos es informar a trabajadores y a patrones, de manera especial a los patrones que se enteren de que ya hay una nueva legislación y que pueden ser sancionados; porque no todos saben que ya se llevaron a cabo estas reformas y ahora estas prácticas se consideran delito grave, e ir a la cárcel sin derecho a fianza. Es defender a los trabajadores, pero al mismo tiempo informar a todos los mexicanos”, expuso.

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