La Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo Nacional), organismo que agrupa a empresarios gasolineros de las 32 entidades, consideró que las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos de la iniciativa presidencial turnada al Congreso la semana pasada presenta elementos contradictorios con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la participación del sector privado en la industria de petrolíferos, lo que resultará en lesiones para cualquier forma de competencia en el sector.

De ahí que como representantes del sector empresarial de los petrolíferos gasolinas y diésel, hicieron un llamado a los legisladores a realizar un análisis profundo, técnicamente sustentado e integral sobre la iniciativa, que considere la totalidad de los posibles efectos negativos que dicha reforma tendría sobre consumidores, inversionistas, empresas y que resultarían lesivos a cualquier forma de competencia económica.

“Es fundamental garantizar el estricto apego al Estado de Derecho, a los principios de legalidad, objetividad, transparencia y certeza jurídica, pues el tratamiento de algunas de las conductas referidas en la iniciativa está contenido en leyes y procedimientos promulgados y en vigor que las sancionan con toda severidad”, refirió el Comité directivo de la Onexpo en un comunicado.

De la misma manera, consideraron preocupante la subjetividad en el manejo de criterios referentes a presuntas sanciones extremas y medidas de carácter económico e incluso confiscatorio relativas a conceptos como “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

Por tanto, con base en la información disponible Onexpo expuso que lleva a cabo un proceso de consulta en materia jurídica, económica y técnica con todos los participantes de la cadena de valor de la industria de petrolíferos, para coordinar la más amplia, responsable y oportuna postura sectorial.

Cabe recordar que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados una iniciativa para modificar seis artículos de la Ley de Hidrocarburos que entró en vigor en 2015, además de que añade seis transitorios que involucran la revocación de permisos para importación, distribución o comercialización de combustibles que no cuenten con almacenamiento, que pongan en riesgo la seguridad nacional y que sean reincidentes en conductas delictivas tanto de contrabando como de manipulaciones al volumen que se vende.

En la iniciativa resalta que se estableció como un sexto transitorio que a la entrada en vigor de la misma se revocarán los permisos sobre los que se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o infringen disposiciones.

Y los cambios más relevantes a los artículos 51, 53, 56, 57, 59 y 86 ordenan que los permisos para cualquier actividad estén sujetos a que se demuestre que se cuenta con el almacenamiento de cinco días en gasolina y diésel y 1.5 días en turbosina, pudiendo satisfacer 50% de este volumen arrendando otras terminales.

Además, que en lugar del silencio administrativo que es considerado una afirmativa de hecho en el otorgamiento de un permiso si se retrasa, ahora se considere la negativa ficta. Con ello, el plazo para resolver algún permiso es el mismo para la autoridad, que si no resuelve, se entenderá que lo ha desechado, entre los cambios más importantes.

karol.garcia@eleconomista.mx

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