Monterrey, NL. Las nuevas leyes, entre ellas la de outsourcing, van a representar una enorme carga para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con menos de 10 empleados, debido a que van a tener que registrar el cumplimiento de sus proveedores tanto en la parte normativa como administrativa, indicó el presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, Rodrigo Fernández Martínez.

“El esfuerzo (de las Pymes) para estar al día va a ser muy grande y va a requerir de muchísimas instancias que cumplir (por ejemplo), ahora esta empresa va a tener que fiscalizar a sus proveedores, que estén al día con el IMSS y asegurarse que paguen a tiempo sus cuotas patronales, porque si no van a ser sancionados”, eso se suma a los más de 169 trámites que debe realizar una empresa, dijo.

Abundó que las pymes van a tener una carga adicional, “ser formal cuesta, queremos que las empresas sean formales, pero nos preocupa las implicaciones (de esta Ley). Estamos pensando como Cámara (en crear) un programa de acompañamiento sobre los riesgos fiscales y sanciones”.

Por otra parte, continuarán buscando sensibilizar a las autoridades para conforme se vayan presentando los retos que tienen estas empresas tener un diálogo con la federación para ver si se puede considerar algún ajuste, mencionó en rueda de prensa.

En contexto, después de tres meses de negociaciones del gobierno federal con empresarios y sindicatos, se acordó prohibir la subcontratación de personal, regular la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y actividad económica preponderante de la empresa contratante, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y tres meses de plazo para que los trabajadores subcontratados formen parte de la nómina del patrón real, entre otras disposiciones.

De acuerdo con los Censos Económicos de 2019, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en ese año había 396,130 personas subcontratadas o en outsourcing en Nuevo León. La tasa de crecimiento de la subcontratación entre 2013 y 2018 fue de 6.5%, mientras que en el periodo entre 2008 y 2013 totalizó 5.4 por ciento.

Castigar lo ilegal

El presidente de Caintra Nuevo León aseguró que están a favor de que se castigue el “outsourcing abusivo e ilegal”, pero hay otras compañías que se dedican a algo muy específico y lo que buscan es enfocarse a lo que agrega valor y subcontratar algunos servicios.

Dijo que el gobierno tiene la capacidad y herramientas para identificar y sancionar a quienes no estén actuando conforme a la ley, “nos queda la duda si la mejor forma es que las empresas se encarguen de un tema que la autoridad puede hacer como el pago del IMSS, vemos más bien (que hay) una carga adicional”.

Fernández Martínez señaló que en esta ley debe haber un balance entre el beneficio social a corto y largo plazo, con ello se logrará mantener la competitividad.