La contrarreforma energética que fue turnada a Comisiones de la Cámara de Diputados para modificar los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución subiría en al menos 62,100 millones de pesos anuales el costo de producción de energía del Sistema Eléctrico Nacional, con lo que en una década se habrían erogado 621,000 millones de pesos al satisfacer la demanda nacional mayoritariamente con recursos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), monto que equivale a 1.2 veces el presupuesto para el 2022 proyectado para todas las actividades de la estatal eléctrica.

Así lo explicó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en su análisis acerca de las consecuencias de una eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica denominado “Una reforma que lastima a México” donde además calcula que para 2031, en conjunto con el subsidio eléctrico, los sobrecostos alcanzarían más de 1.4 billones de pesos acumulados, generando un boquete en las finanzas públicas. 

Desplazar a los privados y obligar a la empresa del Estado a cubrir por lo menos el 54% de la energía, “impondría a CFE obligaciones equivalentes al menos a 2.5 veces su presupuesto anual”, que para el 2022 está proyectado en 508,281 millones de pesos. 

De 2016 a 2022 el promedio del presupuesto de inversión física de CFE para obra pública, es decir para activos nuevos, excluyendo pago de Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) y mantenimiento de activos existentes, es menor a 700 millones de dólares anuales, detalló el CCE, mientras que la inversión extranjera directa de la iniciativa privada durante el mismo periodo ha sido 2.5 veces mayor, a lo que se debe sumar la inversión nacional.

La CFE tendría que triplicar su presupuesto anual de inversión para obras públicas, elevándolo hasta unos 2,500 millones de dólares anuales, para únicamente igualar lo que se venía invirtiendo en el sector”, expuso el organismo privado. 

Además, subiría el costo de la electricidad y con ello habría presiones inflacionarias a todo lo largo de la economía nacional, ya que la industria de productos y servicios se vería obligada a contratar energía con CFE con tarifas más altas. Dicho precio de CFE no ha bajado en los últimos dos años y en contraste, el precio en el mercado ha disminuido 29% en promedio, resultado de mayor competencia y por la baja de 39% en el gas natural durante parte del periodo, expuso el CCE. 

Finalmente, reiteró que la aprobación de la reforma violaría tratados internacionales que firmó México y las empresas se verían obligadas a acudir a tribunales internacionales porque el derecho de amparo no aplica ante reformas constitucionales. 

La reforma tendría efectos confiscatorios sobre las inversiones operativas y comprometidas en los mercados de generación, suministro y comercialización.

En el caso del T-MEC, la decisión del panel es obligatoria y podría traer represalias comerciales por un monto equivalente al valor perdido por los demandantes, ya que habría 44,000 millones de dólares en capacidad instalada de generación privada en riesgo de confiscación y expropiación indirecta.

karol.garcia@eleconomista.mx