El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que los proyectos de leyes en materia educativa aprobados en comisiones y por discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados, vulneran los principios de la educación en México, factores que “preocupan” por alterar los intereses del Estados por conflictos de interés, particularmente de sindicatos.

El sector privado lamentó que los cambios pretendidos en el Congreso “vulneran el principio de imparcialidad al contemplar que, una vez llevado a cabo el proceso de selección, las listas preliminares se enviarán a las autoridades educativas de los estados, así como a los sindicatos, para sus comentarios, con lo que pudiéramos regresar a que los sindicatos tengan gran injerencia en las plazas”.

A través de un comunicado, el organismo privado dijo que estos proyectos de las reformas educativas contienen disposiciones que no respetan lo establecido en el Artículo Tercero Constitucional, poniendo en riesgo el fin último de esta reforma: garantizar el derecho a la educación de excelencia de todos los mexicanos.

 

"Desde el sector empresarial, hemos participado activamente en todas las discusiones en materia educativa de los últimos años, convencidos de que la educación es piedra fundamental del desarrollo de los individuos y la sociedad, y de que México necesita niños y jóvenes bien preparados para alcanzar su potencial".

No obstante, las propuestas contenidas en el dictamen respecto del ingreso al servicio docente violan el principio de equidad, al establecer que se debe de dar preferencia a los egresados de las escuelas Normales y de la Universidad Pedagógica Nacional.

También, agregó, alteran la existencia de plazas automáticas para egresados de las escuelas normales, la UPN y los centros de actualización del magisterio, viola el régimen de admisión mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales.

"Desaparece el Inifed como organismo que regula, supervisa y controla la construcción y reconstrucción de escuelas, promoviendo la “autorregulación”. Es indispensable que quede claro en la legislación, que la responsabilidad de velar por la seguridad de los planteles sea del Estado, y no de los Comités participativos".

Por ello, el CCE planteó lineamientos básicos y estándares para la construcción, además de procesos para lograr transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre los recursos.

"Exhortamos a los legisladores —en el marco de la discusión en el Pleno de los dictámenes aprobados en Comisiones— a modificar las disposiciones de los proyectos para que se garantice el derecho constitucional de todos los mexicanos a una educación de excelencia y se promueva una verdadera política de formación y selección de maestros con base a los principios de transparencia, imparcialidad y equidad", apuntó el sector privado.

kg