El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el jueves 25 de abril las Zonas Económicas Especiales (ZEE) por considerar que incumplieron con su misión de generar crecimiento económico en la región sur-sureste de México, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto pensó ubicarlas en 2017, para equilibrar las oportunidades de inversión y desarrollo industrial de esas regiones para que eventualmente pudieran competir con mejores posibilidades contra el centro y el norte del país más desarrollados.

La desaparición de las ZEE ahora crea la duda acerca de si la decisión del presidente puede ser considerada como vinculante para que las dos empresas ganadoras de la subasta de espectro IFT-7 para servicios móviles sobre la banda de 2.5 GHz puedan librarse de cumplir con el punto dos del apartado 3.4 de las bases de licitación que las obliga a llevar cobertura de 3G/4G a cuando menos el 80% de las carreteras que conectan a las cinco Zonas Económicas Especiales en un tiempo máximo de cuatro años que empezó a contar en septiembre de 2018.

Jurídicamente, las empresas que ganaron el concurso de la IFT-7, AT&T y Movistar, para explotar 120 MHz de frecuencias de cobertura nacional en la 2.5 por una contraprestación de 2,100 millones de pesos más pagos de derechos, están obligadas a cumplir con los compromisos de cobertura social en tres estados y en las ZEE a los que se sometieron a cambio de adjudicarse el espectro radioeléctrico durante veinte años, aún con la cancelación de esos proyectos, “porque ellas aceptaron las condiciones y ya firmaron los títulos”, coincidieron especialistas.

Sólo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría reescribir las condiciones de cobertura en lo que toca a las carreteras que conectan a las Zonas Económicas Especiales, por lo que puede esperarse que con la decisión de López Obrador de eliminar esos proyectos surjan presiones para que se redefina ese apartado bajo, con el que ahora parece un argumento débil, de que ya no existe el objeto al que se debe llevar cobertura, las ZEE.

Podrían surgir además las demandas porque se redefinan también aquellos compromisos sobre cobertura social que expresamente obligan a AT&T y Telefónica Movistar a llevar servicios móviles a los 200 municipios más desentendidos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca en cuanto telecomunicaciones.

“Lo dicho por el presidente no es vinculante para las empresas ganadoras de la Licitación IFT-7, dado que sus obligaciones derivan de un título de concesión que otorgó un organismo autónomo; de tal suerte que prevalecen las obligaciones ahí impuestas, salvo que fuera el propio IFT como autoridad reguladora quien hiciera los cambios y en términos no sólo de lo establecido en el título de concesión, sino de sus atribuciones como órgano regulador”, explica Agustín Ramírez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac.

Las bases de la IFT-7 impusieron a los concesionarios ganadores de ese proceso licitatorio expresamente llevar cobertura a las carreteras que conectan las Zonas Económicas Especiales de Lázaro Cárdenas–Zihuatanejo, en Michoacán y Guerrero; a La Desviación de La Unión–La Unión de Isidro Montes de Oca, en Guerrero; Coatzacoalcos–Salina Cruz, en Veracruz y Oaxaca; a Puerto Chiapas–Tapachula, Chiapas, y en Mérida–Progreso, Yucatán.

Estas obligaciones comenzaron a correr en tiempo para AT&T y Movistar en septiembre de 2018, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones les notificó formalmente que habían resultado ganadores para explotar seis bloques nacionales de espectro en los 2.5 Gigahercios.

Movistar y AT&T cuentan todavía con 3.5 años para llevar cobertura a las regiones donde se ubican las ZEE, por lo que, si observan indefiniciones o posibilidades de modificación para esos criterios de cobertura, adelanten mejor los despliegues en otras áreas y den cumplimiento primero a las obligaciones de cobertura social en los municipios desatendidos.

La licitación IFT-7 las obliga, en ambos compromisos, a llevar cobertura de servicios móviles a través de frecuencias e infraestructura propia o arrendada a terceros.

La iniciativa privada ha argumentado que desaparecer las Zonas Económicas Especiales causará presiones a las economías de algunos estados e implicaría que se esfumen planes de inversión por alrededor de 10,000 millones de dólares en esas regiones; en principio, cerca de 2,800 millones de dólares ya prometidos por empresas de distintas industrias. 

El presidente López Obrador, en cambio, dijo el jueves 25 de abril pasado que las ZEE desataron un derroche de recursos y que no han generado beneficios a los estados donde se encuentran.

Jorge Fernando Negrete, director en Digital Policy & Law, sostiene que eliminar las ZEE puede provocar que desde la industria se demande una revisión de las obligaciones de cobertura de la IFT-7, lo que se traduciría como “una imprudencia involuntaria” del gobierno y una señal que despierta temores en las empresas sobre sus planes de inversión en el país:

“Al eliminar las Zonas Económicas Especiales se relativizan los efectos jurídicos de cobertura de la banda 2.5 GHz. Tendríamos la obligación de revisar el fallo de adjudicación de la licitación al desaparecer el espacio de cobertura en las ZEE, pero sobre todo, analizar el sentido de la primera licitación con obligaciones de cobertura social del IFT. Las empresas necesitan certeza jurídica en su inversión y el IFT debe continuar con el papel que comenzó con esta vocación social de cobertura. ¿Esta decisión ayuda a Movistar y AT&T? Los ayuda involuntariamente, pero el sentido social del proyecto necesitaría una revisión de condiciones o una actualización de las mismas por parte del IFT, en coordinación con estas empresas”.