La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) estimó que México no alcanzaría para 2024 el 35% de generación limpia comprometida en el Acuerdo de París y estipulado en la Ley de Transición Energética quedando, en un escenario conservador, en 29.8%; esto es 5.2 puntos porcentuales por debajo de la meta, aun antes de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que hoy se contiende en el poder judicial.

El regulador antimonpolios publicó este martes la versión final del documento Transición hacia los mercados competidos de energía: Los Certificados de Energías Limpias en la industria eléctrica mexicana. Esta versión atiende los comentarios recibidos en la consulta pública que se realizó en enero de este año.

Cabe destacar que este análisis fue elaborado previo a la aprobación y publicación de la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo del 2021, la que, desde la perspectiva de la Cofece, elimina las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico.

“Con la reforma es previsible que inevitablemente se tendrá un escenario de incumplimiento incluso más pronunciado de las metas comprometidas”, aseguró la Cofece, “esto porque el logro de los objetivos de protección al medio ambiente planteados por México en materia eléctrica quedó anclado a la existencia de una dinámica de competencia en la generación de electricidad, como medio para producirla de manera eficiente y a los menores costos sociales posibles, incluyendo los ambientales. Dado los cambios tecnológicos en esta industria, la generación de electricidad menos costosa suele ser precisamente la que proviene de fuentes limpias”.

Cofece consideró que en línea con esta intersección entre competencia y sustentabilidad ambiental, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética contemplan a los Certificados de Energía Limpia como un instrumento para reconocer, monetizar y pagar los beneficios sociales en términos ambientales de generar electricidad con tecnologías limpias.

En el documento, Cofece advirtió que los retrasos en el otorgamiento de permisos de generación a su vez retrasan la entrada en operación de estos proyectos. Hasta octubre de 2020, la CRE tenía pendiente de resolver 99 solicitudes de permisos y 153 solicitudes de modificación y transferencias de permisos. Además, hay solicitudes que llevan hasta 300 días hábiles sin resolverse, cuando la norma prevé un máximo de 75 días hábiles. 

Además, la insuficiente expansión de las redes de transmisión y distribución derivada de la ausencia de vigilancia y seguimiento de las obras autorizadas en los Programas de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y la falta de implementación de los mecanismos previstos en la normativa, para celebrar contratos con particulares para ejecutarlas, dificulta la interconexión de nuevos proyectos, sobre todo los que utilicen como fuente cierto recurso natural, como el sol y el viento, y que se encuentran alejados de los centros de consumo.

Y por otra parte, consideró que la falta de actualización de la tarifa de transmisión conforme a los costos de CFE -que está regulada por la CRE y la cual sólo fue actualizada por inflación entre 2017 y 2019- podría permitirle a CFE cobrar una tarifa más elevada por este servicio.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado transferencias de CFE Transmisión a CFE SSB para cubrir las pérdidas en el suministro de electricidad. Estas transferencias desde los eslabones de transmisión y distribución, donde CFE opera como monopolio legal (transmisión y distribución), a las empresas productivas subsidiarias de CFE que operan en el eslabón de comercialización de electricidad, donde deben competir con otros agentes, podrían impedir la competencia en dicha actividad y redunda en un menor financiamiento para la expansión de la red, dificultando la entrada de más generadores.

karol.garcia@eleconomista.mx