Si el gobierno mexicano opta por abastecer de medicamentos al sector salud en el extranjero no sólo se pondrá en jaque a la industria farmacéutica mexicana y su cadena de suministro por la sustitución de producto, sino que está latente el riesgo a la salud de los mexicanos por enfrentar un posible desabasto o que se surta producto de menor calidad y de peligro sanitario, advirtió el sector salud de la Iniciativa privada.

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que la compra a organismos intergubernamentales internacionales a través de la UNOPS -proveedor de servicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, como lo plantea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “podrá ayudar en una pequeña proporción” para la compra de medicamentos, que representaría aproximadamente 5% de la adquisición anual demandada.

“La industria farmacéutica es una industria robusta, que se ha formado como mucha calidad, gracias a Cofepris y que tiene toda la capacidad para surtir la demanda de medicamentos”, aseguró el empresario, al subrayar que la iniciativa privada tiene la total intención de colaborar con el gobierno federal y sumar esfuerzos para combatir el “verdadero enemigo, que es el Covid-19”.

Sin embargo, sentenció que, si las reglas del juego de operar cambian de forma abrupta en la industria médica, los procesos de adquisición de medicamentos y la dinámica con la autoridad sanitaria para las importaciones, y si no hay procesos claros, donde prolifera la incertidumbre, “nos deja descobijados como país porque habrá menos participantes a apostarle a la producción”, que sin duda conllevará a pérdida de empleos y empresas.

En México se destina cerca de 70,000 millones de pesos en la compra de medicamentos, de acuerdo con el dato del 2019, lo que refleja la adquisición de 1,800 millones de unidades (cajas) de fármacos; en tanto, los fondos de los organismos internacionales (como el caso de la ONU) no alcanzan ni 150 claves, lo que significa menos del 10%, “porque esos fondos fueron creados hace 50 años más o menos para ayudar a los países más pobres en enfermedades como malaria o tuberculosis, enfermedades tropicales o VIH, que no tenían infraestructura para enfrentar. Entonces tenemos un problema real de abastecimiento”, alertó Guillermo Funes, vocero de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Para los industriales, resulta una contradicción el hecho de que el presidente AMLO busque soberanía nacional y pretenda abastecer la salud a través de una terciaría como son los fondos rotatorios de los organismos multilaterales, que “ni son fabricantes ni se hacen responsables de la calidad de los productos y si nadie se hace responsable de la calidad, tenemos un riesgo sanitario tremendo, porque no está ni la seguridad ni la eficacia probados”, argumentó Funes.

Ante las acusaciones del gobierno federal de que por actos de corrupción, ahora adquirirá el 80% de los medicamentos del sector salud en el extranjero, Juan de Villafranca, director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), expresó: “Si hay casos de corrupción que se denuncien y si hay gente responsable que se le sancione, ese sería el principal punto”.

Mientras que dijo, no estar de acuerdo con las compras de medicamentos del extranjero, cuando en México se tiene, además compran en condiciones no parejas, que se cumplan con las mismas reglamentaciones de farmacovigilancia y requisitos sanitarios y paguen.

De Villafranca advirtió que la adquisición de medicamentos no es como la compra de gasolina durante el problema del “Huachicol”, porque el combustible es commodity que se consigue en cualquier parte, los medicamentos no, porque corre el periodo de caducidad del mismo. “Potencialmente existe el riesgo de que no surtan en calidad ni en cantidad suficiente. Porque, ¿quién va a cubrir la seguridad y a quién le vamos a reclamar?, nadie va a hacer la farmacovigilancia, y estamos poniendo en manos de extranjeros la salud de los pacientes mexicanos”, sostuvo el representante de la Concamin.

El argumento de la corrupción en la compra de medicamentos es poco válido, porque el acto no lo hace la gente que vende, sino también quien la compra, sostuvo Jesús Granados, presidente industrial médico de la Canacintra.

“La participación de la industria nacional debe ser abierta clara y abierta. El artículo 134 Constitucional y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público determinan los procesos, dándole la transparencia y la apertura a quien cumpla con los requerimientos que se hacen, así que el saltar este elemento y decir que con eso quita la corrupción le da una discrecionalidad también a quien se le va asignar y bajo qué elementos, amén de que los requerimientos de la calidad pueden ser violentados a la normatividad”, cuestionó el ingeniero del ramo de dispositivos médicos.

Dos años perdidos en compras

• A finales del sexenio del expresidente Felipe Calderón comenzó a implementarse en México un esquema de compras consolidadas de medicamentos, liderado por el IMSS.

• A través de éste, se agregaba la demanda de diferentes institutos de salud públicos, como el propio IMSS, el ISSSTE, los sistemas de salud de las fuerzas armadas, los institutos del sector salud federal, Pemex y algunos institutos estatales.

• La finalidad era obtener menores precios por la compra en volumen y generar ahorros para el sector público.

• El esquema funcionó hasta el 2018, el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. La compra licitada ese año, que aplicaría para el abastecimiento en el 2019, fue cancelada por el gobierno actual.

• El argumento fue que la compra debía rehacerse pues el esquema que había primado hasta entonces había favorecido la concentración de contratos en pocas empresas.

• El gobierno de AMLO transfirió así la responsabilidad de la compra de medicamentos a la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda.

• Además, se optó por licitar de manera separada la compra de medicamentos y su distribución, pues en el pasado las distribuidoras concentraron el mercado.

• En la nueva licitación solo se consiguió adquirir 30% de los requerimientos de producto, por lo que el 70% restante se ha tuvo que comprar mediante adjudicaciones directas.

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