El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contratará a fines de este mes a una firma de consultoría y análisis para que se encargue de realizar un estudio sobre el valor económico que se le debe asignar al espectro radioeléctrico en México, tanto para los procesos licitatorios como por los pagos de derechos anuales de las concesiones.

La intención del órgano regulador es dejar claro a las industrias de telecomunicaciones y de radiodifusión qué monto deben pagar por sus concesiones de espectro y los elementos que se toman en consideración para llegar a esas cifras, luego que empresarios de ambos sectores han venido cuestionando por años los criterios de valuación de esos activos intangibles.

Con base en los criterios que actualmente se utilizan para definir los precios del espectro, entre el 80 y 92% de todo el dinero que recauda el Estado vía el IFT en la materia corresponde a pagos de derechos por los refrendos anuales y aproximadamente 8 y 20% tiene que ver con los recursos captados por las mismas licitaciones y la expedición del título de concesión.

El encargo del estudio es una iniciativa propia del IFT, pero no se descarta que pueda ser compartido con la Secretaría de Hacienda, la dependencia que fija los valores mínimos de referencia para todo lo que tiene que ver con las señales radioeléctricas y a solicitud del regulador.

“Desconocemos lo que hará la Secretaría de Hacienda. Lo que sí puedo anticipar es que nosotros establecimos la realización de un estudio en materia de valuación del espectro para bandas móviles. Este estudio se va a hacer a través de la contratación de un tercero; estamos ya en la etapa final del proceso de contratación y estimo que antes de que acabe el mes de mayo tendremos definido cuál es la empresa, la persona física o moral a la que se va a dirigir este contrato. Después de este estudio haremos un análisis interno, pero también lo compartiremos con Hacienda para que lo tomen en cuenta como mejor consideren”, dijo Alejandro Navarrete, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT.

De esta manera, dijo el funcionario, el regulador tendrá una alternativa adicional a lo que establece la Ley Federal de Derechos (LFD) para establecer los precios de salida y los pagos anuales por la explotación del espectro en servicios móviles o en radiodifusión. Tiene que haber una redefinición de esos criterios, planteó.

En entrevista con motivo de la licitación IFT-7 sobre la banda de los 2.5 GHz, Alejandro Navarrete platicó que el regulador no tiene una intención recaudadora por la vía del espectro.

La obligación, dijo, es para el IFT generar las condiciones más idóneas para entregar las frecuencias al mercado y éstas se exploten de manera eficiente y de ahí el plan de cristalizar ese estudio vía la contratación de una tercera empresa especializada en la materia.

“Hay que recordar que ya hay un precio fijo, independientemente de la licitación IFT-7, y ese precio fijo está establecido en la Ley Federal de Derechos, a través de los derechos que se tienen que pagar anualmente por el uso del espectro. Con nuestra experiencia, con lo que ha pasado en los últimos años, es que los propios montos en la LFD acaban representando entre el 80 y el 92% del total del pago que tendría que hacerse por el uso del espectro. Entonces, lo que se paga por la adjudicación del espectro, por el título de concesión, es un porcentaje bastante pequeño en relación al total de lo que tienen pagar”, comentó Alejandro Navarrete.

Tanto en telecomunicaciones como en el sector de la radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones enfrenta posturas de las empresas al respecto de que los criterios de valuación del espectro deben redefinirse.

En telecomunicaciones, por ejemplo, las empresas Movistar y AT&T han sostenido en tiempos recientes que el espectro es caro en México y esto, como resultado de los actuales criterios de valuación. En la misma línea han estado importantes organizaciones internacionales del sector como la ASIET y la GSMA.

Y en radiodifusión la historia no es tan diferente. Allí, los concesionarios, principalmente de radio, alegan que los pagos por contraprestación en procesos licitatorios y por refrendos son excedidos y por ello han venido solicitando al IFT nuevos criterios de valuación. Incluso el gobierno federal tuvo que apoyar a estos empresarios con créditos de hasta 2.5 millones de pesos para que pudieran cumplir a tiempo con la renovación de sus concesiones.