Los recursos que se destinarán este año al gasto de los ramos autónomos representan sólo 2.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2021, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El gasto aprobado para este ramo —en donde se añade a los poderes Legislativo y Judicial— será por 134,904 millones de pesos, 9.6% mayor al presupuesto aprobado en el PEF 2020.

En total, dos de cada 100 pesos del PEF 2021, que asciende a poco más de 6.2 billones de pesos, se destinarán a estos organismos, los cuales en los últimos días han estado en la mira del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea presentar una iniciativa para que dependencias del gobierno absorban las funciones de éstos al ser gastos de “millones de pesos”.

Raymundo Tenorio, catedrático del Tec de Monterrey, indicó que si se quitan los poderes autónomos, los recursos que se destinan a estos entes es poco significativo en el PEF, ya que sólo sería por 48,788 millones de pesos.

“Se busca que las actividades que hacen estos organismos sean absorbidas por ramos administrativos sin incrementar el presupuesto de las dependencias, pero corres el riesgo de volver a éstas ineficientes e inoperables”, agregó.

Puso de ejemplo la desaparición de diversas figuras, como ProMéxico, las estancias infantiles, comedores comunitarios, entre otros, las cuales atendían necesidades de la población y, a la fecha, no parece haber una señal de que los ramos administrativos se hayan hecho cargo de las actividades que quedaron pendientes. “Han quedado inconclusas estas tareas”.

Desde la semana pasada, López Obrador habló sobre la propuesta para eliminar algunos entes autónomos, entre ellos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), alegando que sus funciones podrían ser llevadas a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), respectivamente.

“Eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en la medida de pretender depositar las funciones a dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, pues serían juez y parte, y concentrarían y ejercerían de una forma discrecional y arbitraria el poder, y las funciones que les correspondería llevar a cabo”, aseveró por su parte el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, en donde se encuentran Artículo 19, Fundar, México Evalúa, entre otras organizaciones.

Poderes e INE, los de mayores recursos

Los datos mostraron que los poderes autónomos así como el Instituto Nacional Electoral (INE) son quienes poseen los mayores recursos aprobados para el 2021.

El Poder Judicial es el organismo al cual se le asignó el mayor presupuesto, con 71,299 millones de pesos. Al interior de este ramo se encuentran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Sala Superior y las Salas Regionales.

En tanto, al Poder Legislativo —que integra la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación y el Senado— tendrá recursos por 14,816 millones de pesos, mientras que el INE tendrá un presupuesto de 26,819 millones de pesos para las elecciones de este año.

En contraste, los dos ramos que el Presidente señaló en sus declaraciones tienen presupuestos menores. El IFT tendrá un gasto por 1,510 millones de pesos, mientras que el INAI de 905 millones de pesos.

A espera de la propuesta

Al presentar la agenda legislativa de la bancada de Morena en el Senado, Alejandro Armenta, senador de dicho partido, indicó que se tiene en cuenta la reforma para que los ramos autónomos sean absorbidos por las dependencias, una propuesta que aún debe ser enviada por el Ejecutivo al Legislativo para su análisis y, en su caso, aprobación.

“Es un tema que, sin duda, causará conmoción y un gran debate”, aceptó el senador de Morena.

En videoconferencia, el legislador se mostró a favor de la existencia del Instituto Nacional Electoral (INE) al indicar que quien debe conducir los procesos electorales en el país debe ser un ente autónomo.

“Sin embargo, hay organismos públicos y descentralizados a los que hay que medir y valorar su vigencia (...) en gobiernos anteriores se crearon para deshacerse de responsabilidades y, también, para justificar abusos”, aseveró.

ana.martinez@eleconomista.mx