Tras más de seis meses de enfrentamientos con grupos delictivos, que piden hasta 1.5 millones de pesos al mes para permitir la operación de las empresas de gas LP, al menos cinco de las siete distribuidoras más importantes en Tampico y Altamira iniciarán un paro escalonado de actividades, en demanda de una solución de fondo.

Los empresarios se han reunido con autoridades estatales e incluso han solicitado la intervención del gobernador, Egidio Torres Cantú, pero la respuesta es que para poder actuar deben presentar denuncias ante el Ministerio Público, a lo cual se han negado las empresas por temor a represalias.

Las gaseras, que han presentado quejas ante el gobierno local pero no denuncias ante las autoridades competentes para evitar tener que ratificarlas, reducirán sus operaciones en estas dos ciudades y zonas conurbadas para reducir la exposición al peligro.

En el sur de Tamaulipas desde principios del año pasado las pipas son robadas para usarlas en actividades ilegales, como el trasiego de drogas -exportaciones hacia Estados Unidos-, o el mercadeo de combustibles robados en los ductos de Pemex y que son revendidos, ya sea en una red de gasolineras que opera de manera irregular o en instalaciones clandestinas.

Los empresarios explicaron que tras las reuniones con el gobierno del Estado no se han obtenido compromisos de largo plazo e incluso las unidades robadas por el crimen organizado han desaparecido.

Los grupos del crimen organizado cobran a las gaseras en el sur del estado derecho de piso, amenazan a los empresarios con secuestro o extorsión, y cometen atentados contra los trabajadores, choferes gerentes y mandos intermedios.

En Tampico, Altamira y Ciudad Madero, donde se consume casi 75% del total de gas LP en el estado, operan las empresas Gas Tampico, Ideal, Termogas, Jebla, Gas Universal, ComVicsa y Gasificadora del Golfo.

Los cárteles prohíben a las gaseras operar hasta que paguen las extorsiones.

El gobierno del estado les ha solicitado a los empresarios presentar las denuncias correspondientes bajo el argumento de que en este momento este proceso está blindado por parte de las autoridades policiacas.

De mayo al cierre del 2014, las denuncias ciudadanas se han disparado más de 1,200% en gran medida porque el proceso se ha blindado para proteger a los denunciantes.

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