A punto de concluir el sexenio, el Ejecutivo no ha actualizado un margen de precios para los distribuidores ni ha publicado una directiva tarifaria con menor dependencia de los mercados internacionales para el gas licuado de petróleo (LP), a pesar de que este combustible sigue siendo el que mayor consumo tiene entre los mexicanos y que las bajas de casi 16% en la demanda en este periodo son un indicador de la inconformidad por parte de los población.

Octavio Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas, antes Asocimex) aseguró en entrevista que las políticas para regular los precios de este gas lo vuelven cada vez menos accesible, por lo que instó, como cada año, a que las autoridades en materia tomen cartas en el asunto.

Tenemos que seguir trabajando con Hacienda, con la Secretaría de Energía, para que entiendan que el principal afectado es el consumidor y que si alguien no puede seguir pagando gas LP, se cambia a leña , dijo y lamentó que la Estrategia Nacional de Energía haya dejado de lado el tema.

La Amexgas cumplió 50 años de existencia y, en palabras de su Presidente, se renovará con la inclusión de un Comité Técnico compuesto también por distribuidores y no sólo por asociaciones.

Sus objetivos, prosiguió: recordarle a las autoridades que 80% de las 8.6 millones de toneladas que se consumen en el país va al sector doméstico, por lo que deben poner mayor atención en un tema tan sensible y que incide de forma tan directa en la vida de la población.

Buscamos que se transparenten procesos muy básicos, por ejemplo:¿por qué Pemex Gas absorbe el supuesto subsidio que se otorga, si eso es función del gobierno? Esto no ayuda a nadie, no deja a Pemex reinvertir en lo que realmente necesita y no se acerca a la realidad de los mexicanos, porque por mantener un comparativo internacional para los precios, tenemos gas más y más caro , explicó.

Respecto de estos subsidios , -que en el 2011 ascendieron a 39,950 millones de pesos- insistió en que se revise si se deben considerar como tales, puesto que no aparecen en la Ley de Egresos de la Federación ni son aprobados por el Congreso, pero tiene un costo fiscal elevadísimo que determina el Ejecutivo discrecionalmente y sin justificación en el contexto nacional.

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