En el nuevo proceso de licitación para desarrollar el Tren de Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro, las empresas interesadas deberán tener una mayor participación y hacer uso de los recursos que la ley les permite, consideró el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.

En entrevista, comentó que se debe de aprender de la experiencia anterior, cuyo fallo adjudicado a un consorcio chino-mexicano se revocó cuatro días después.

Si es necesario, las empresas deben denunciar las situaciones que les parezcan controvertidas o que las pone en situación de desventaja. Pudieron impugnar y no lo hicieron, sólo presentaron un escrito (carta-disculpa) por no continuar en el proceso, pero eso no es legalmente una inconformidad , comentó.

Dejó en claro la importancia de que antes de que se publiquen las nuevas bases de convocatoria, se den a conocer las prebases de la misma que permitan a los interesados hacer las observaciones pertinentes y con ello evitar futuras complicaciones.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, prometió que la nueva convocatoria se daría a conocer a finales del mes pasado y a la fecha no ha ocurrido, tampoco se ha precisado si habrá modificaciones a la misma o nuevamente pre bases.

El testigo social, necesario

Respecto a las recomendaciones que tuvo el testigo social del proceso, ingeniero civil Humberto Santillana, donde destaca lo corto de los plazos establecidos para un proyecto de grandes dimensiones, a pesar de que se dio cumplimiento a lo establecido por la ley, dijo que su nivel de injerencia se debe mantener, porque al cambiarlo se convierte en autoridad.

Lo relevante en las licitaciones es mantener la figura de observadores externos que ayuden a mejorar las condiciones del proceso. Su virtud es que alertan sobre eventuales riesgos, por ello se deben afinar los mecanismos disponibles para que las autoridades relacionadas atiendan a sus llamados. Ellos tienen la opción de informar a la Secretaría de la Función Pública para que intervenga , explicó.

Las ofertas por separado contrastan con la que hicieron juntos durante la primera licitación del tren mencionado, que implica la obra civil de 36.1 kilómetros, entre la terminal Zinacantepec y el inicio de un túnel en la Marquesa.

En junio pasado, la DGTFM consideró que su propuesta de 10,148 millones de pesos, IVA incluido, era la mejor y se les adjudicó el proyecto.

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