Analistas en materia de medio ambiente y derecho, así como jóvenes activistas y académicos, coincidieron en que existe suficiente evidencia sobre las afectaciones a la salud que genera el uso de combustibles fósiles en la industria eléctrica por lo que la actual administración está tomando una ruta perjudicial para la población, que además carece de información al respecto.  

En el webinar “La transición energética justa y el derecho a la salud”, organizado por la plataforma Renovables X México, Beatriz Cárdenas, del Instituto de Recursos Mundiales México, afirmó que existe suficiente evidencia científica sobre los impactos en la salud por exposición aguda a contaminación y mala calidad del aire, la cual se relaciona principalmente con el incremento de enfermedades respiratorias.  

“En México, la contaminación del aire representa el primer factor de riesgo medioambiental asociado con mortalidad prematura. Factores como la edad y la desigualdad socioeconómica provocan efectos desiguales de la contaminación medioambiental afectando principalmente a población vulnerable como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con menos recursos económicos. Esto pone de manifiesto la urgencia por ampliar soluciones de energía sostenible en todo el mundo”, dijo Cárdenas.  

Por su parte, Stephan Brodziak, del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, comentó que “actualmente no existe una transición energética real. Estamos bajo un esquema de agregación de energías. Las energías generadas a través de fuentes renovables modernas que están adquiriendo impulso no han disminuido aún el consumo de gas, petróleo, carbón y biomasa. Es necesario apuntar desde todas las trincheras hacia la transición y cuidar que sea socialmente justa. Es necesario que los consumidores comiencen a empoderarse”.  

En lo que se refiere al derecho a la salud y un medio ambiente sano, Roberto de la Maza Hernández, académico de la Universidad del Medio Ambiente, declaró que “el derecho a la salud en México es reconocido por el artículo 4° Constitucional. La actuación de las autoridades no se puede limitar a garantizar el acceso a servicios de salud, debe garantizar el mejoramiento de la calidad de vida, incluido el derecho a un ambiente sano, condición sin la cual no es posible garantizar plenamente el derecho a la salud. Ante este escenario, es evidente que el camino que México está siguiendo contraviene el modelo de desarrollo sustentable y de equilibrio ecológico, en perjuicio de los derechos a la salud y a un ambiente sano”.  

En tanto, José Antonio Caballero, académico e investigador en la División de Estudios Jurídicos del CIDE, declaró que “es necesario que los ciudadanos cuenten con vías jurisdiccionales efectivas con las que puedan exigir que se garanticen los derechos a la salud y a un ambiente sano. La legislación que se promueve está yendo en contra del interés público y del cuidado de  la salud. Las personas afectadas deberían poder manifestar sus cuestionamientos a políticas públicas y decisiones de autoridad que están estos derechos por la vía jurisdiccional”. Finalmente, Axell Sutton, del Colectivo Ecologista Jalisco habló sobre la causa de los jóvenes por un medio ambiente sano; destacó que “la contaminación por la quema de carbón, petróleo y gas provoca 4.5 millones de muertes al año en todo el mundo”.

karol.garcia@eleconomista.mx

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