La estrategia gubernamental de lucha contra la inseguridad basada en políticas sociales para insertar a los jóvenes atrapados en grupos delictivos resulta “insuficiente” y es urgente que con la fuerza pública se luche contra el crimen, señaló el sector empresarial.

“Erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho debe ser un objetivo inmediato, ya que la seguridad pública y el estado de derecho es objetivo prioritario de cualquier estado democrático legítimo”, demandó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), quien advirtió que la inseguridad es uno de los principales factores que pueden limitar el crecimiento del país.

A través de su mensaje semanal, el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la inseguridad, basada en políticas sociales que busca disuadir a grupos que han sido propensos a formar parte de ilegalidad, que en principio es acertada, “parece insuficiente”.

Citó a el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que actualmente ha enlistado a 900,000 personas, les paga 3,600 pesos mensuales; por su parte, las becas que han sustituido al programa de transferencias condicionadas (Progresa, Oportunidades, Prospera) –que fue evaluado arrojando resultados positivos para el combate a la pobreza— paga 1,600 pesos bimestrales a los becarios.

No obstante, “es difícil que esas transferencias eliminen el incentivo de los jóvenes a unirse a grupos delincuenciales que ofrecen contraprestaciones mucho más elevadas. Por ello, lo deseable, y lo correcto desde el punto institucional, es complementar los programas sociales con el uso legítimo de la fuerza pública en la luche contra el crimen”.

Diversos organismos internacionales ubican a México como un país con altos niveles de inseguridad. Por ejemplo, el Global Peace Index (GPI), que elabora el Institute for Economics & Peace, indica que en su edición 2019 México ocupó el lugar 140 como uno de los más violentos en el mundo, dentro de la medida de 163 países, manteniéndose en el mismo sitio que un año antes, refirió el CEESP.

Más allá de su incidencia en el crecimiento, la inseguridad pone en riesgo aspectos fundamentales para la sociedad, la vida misma, la libertad y la salud de los individuos, además de la supervivencia de empresas, especialmente micro y pequeñas, comentaron los analistas del sector privado.

Por tanto, el sector privado estableció que “las instituciones encargadas de aplicar las leyes en todos los frentes deben ser modernizadas y fortalecidas con todos los instrumentos posibles que les permita combatir eficientemente a la delincuencia. Erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho, debe ser un objetivo inmediato, ya que la seguridad pública y el estado de derecho es objetivo prioritario de cualquier estado democrático legítimo”.