Entre las mayores economías de América Latina, la mexicana es, por mucho, la más rezagada en la reactivación de la inversión fija tras la fase crítica de la crisis económica por la pandemia de Covid-19.

Durante el primer semestre del 2021, la inversión fija bruta (IFB) en México fue 12.2% inferior a la observada durante el mismo lapso del 2019, el año previo a la crisis sanitaria, de acuerdo con cálculos a partir de cifras reportadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

La economía mexicana es la única entre las seis mayores de la región latinoamericana que se encuentra en terreno negativo, según se desprende de un análisis de El Economista de las cifras originales consignadas en bases de datos de los bancos centrales e institutos de estadística de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

En cuanto a recuperación, Brasil va a la cabeza, con un avance de 19% de la IFB en comparación con el primer semestre del 2019, de acuerdo con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Le siguen Perú con una expansión de 15.2%, Argentina –que padece una crisis macroeconómica incluso antes de la pandemia–, con un crecimiento de 11.2%; Colombia (+2%) y Chile (+0.6 por ciento).

Para estos cálculos se utilizaron las series a precios constantes reportadas por el Banco Central de Reserva del Perú, el Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane) y el Banco Central de Chile.

Llama la atención que este año México haya sido superado por economías que el año pasado tuvieron desplomes en la inversión más pronunciados.

Son los casos de Argentina y Perú, economías en donde los gastos en capital fijo por parte de los sectores público y privado durante los primeros seis meses del 2020 tuvieron retrocesos interanuales de 28.6% y 36.8%, respectivamente, mientras que en México el desliz fue de 21 por ciento.

En nuestro país, donde los privados realizan casi el 90% de la inversión física de la economía, la crisis económica desatada por los confinamientos para contener el avance del Covid-19 tan solo profundizó la debilidad de la inversión que comenzó a sentirse desde el último trimestre del 2018, incluso antes de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El inicio de la cautela inversora coincidió con la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se desarrollaba en Texcoco en noviembre del 2018 –tras una consulta informal con una participación limitada– y se ha mantenido en el contexto de otras decisiones gubernamentales que plantean cambios a reglas del juego para el desarrollo de negocios.

Algunas de ellas tienen que ver con el sector energético, en donde el gobierno obradorista impulsa una agenda para devolver poder monopólico a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En estas semanas, el gobierno defiende una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que plantea cerrar a los privados el mercado de comercialización de electricidad, limitar su participación en la generación y cancelar la modalidad de autoabastecimiento eléctrico.

En el ramo de hidrocarburos, importadores y comercializadores de combustibles han denunciado, por su parte, que el gobierno ha colocado obstáculos como la suspensión de permisos y la dilación en su otorgamiento, así como cambios en las reglas de importación que degradan el valor de las inversiones ya ejecutadas en infraestructuras de transporte y almacenamiento.

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