Además de Odebrecht y Camargo Corrêa, otras dos empresas involucradas en la Operación Lava Jato que están en mira del Ministerio Público del Perú son Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão, reportó el diario brasileño Folha de S.Paulo.

Las empresas, integrantes de las obras de construcción de la Carretera Interoceánica que une el estado brasileño de Acre con el sur del Perú, se convirtieron en blancos de investigación por su participación en este proyecto, según informaron los fiscales peruanos.

Folha pudo conocer que el Ministerio Público peruano sospecha que representantes de Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão pagaron sobornos a funcionarios públicos en el país para ejecutar tramos de la obra.

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La construcción de la Interoceánica comenzó en el 2005 y tuvo gran respaldo de los entonces presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Alejandro Toledo. Con más de 2,500 km de extensión, la obra tuvo un costo inicial previsto de 810 millones de dólares, pero se finalizó en el 2011 con un gasto de más de 2,800 millones de dólares.

Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão ejecutaron la sección 4 de la Interoceánica, junto con Camargo Corrêa, formando el Consorcio Intersur. Odebrecht participó en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera.

Este mes la justicia peruana congeló las cuentas de Camargo Corrêa en el país por indicios de que la empresa habría pagado sobornos relacionados con obras en el país.

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Según el Ministerio Público peruano, la empresa transfirió 90,000 dólares a la cuenta de un socio del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) en momentos en que la empresa obtuvo contratos para construir carreteras en Perú. En la actualidad se investiga si Camargo pagó sobornos para unirse al consorcio de carreteras, informó el diario Folha.

En los acuerdos de indulgencia firmados en diciembre con Brasil, Estados Unidos y Suiza, Odebrecht confirmó el pago de sobornos en el Perú e incluyó la carretera como uno de los temas de la acusación.

Odebrecht habría pagado sobornos por 20 millones de dólares entre el 2005 y 2008, en los gobiernos de Toledo y Alan García (2006-2011). El dinero habría salido del sector de Operaciones Estructuradas, encargado de mover dinero ilícito en el grupo.

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Según los documentos, en el proceso de licitación, un alto funcionario del Gobierno peruano se acercó a un ejecutivo de Odebrecht para ofrecer apoyo a la oferta hecha por la empresa, la cual, si ganara, se comprometería a hacer pagos al funcionario público. Los pagos se harían a través de una empresa intermediaria que tenía un nexo con el funcionario.

Según las autoridades estadounidenses, Odebrecht pagó más de 29 millones de dólares en sobornos en el Perú entre el 2005 y 2014 para poder firmar contratos con el gobierno. El período también incluye la gestión de Ollanta Humala (2011-2016).

lam