Con 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones, fue aprobada en lo general por el Pleno de la Cámara de diputados la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió como iniciativa preferente hace un mes a la Cámara baja.  

Entre acusaciones, las y los diputados federales aprobaron el proyecto enviado por el representante del Ejecutivo Federal con carácter preferente y se procedió a la discusión en lo particular de 412 reservas.

El documento modifica el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas, para quedar en prioridad: Energía Producida por las Hidroeléctricas, Energía Generada en otras Plantas de la CFE, Energía eólica o solar de particulares y Ciclos Combinados de empresas privadas.

En la discusión que inició este martes a medio día las bancadas panista y priista solicitaron suspender la discusión argumentando que no se incluyó en el dictamen a votación información como la afectación económica que traerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) este ordenamiento, además de que no se incluyeron los análisis que realizaron los especialistas convocados por la Comisión de Energía de la Cámara para el Parlamento abierto que se realizó hace una semana.  

En tanto, los diputados se reservaron ocho artículos y tres transitorios de los 12 ordenamientos a modificar, es decir, prácticamente todas las modificaciones que planteó el Ejecutivo.  

Así, poco antes de las 18:00 horas inició la discusión de las reservas artículo por artículo en la Cámara baja.  

Una vez aprobada en lo particular, la nueva Ley de la Industria Eléctrica deberá de ser discutida y eventualmente aprobada por la Cámara de Senadores en un plazo máximo de 30 días, para así regresar al ejecutivo y ser promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.  

Según han declarado prácticamente todas las organizaciones empresariales del país, una vez publicada, la nueva Ley será impugnada en tribunales, donde cuenta con el antecedente de diversas suspensiones al Acuerdo del Cenace y la política de la Secretaría de Energía por intentar realizar estos cambios; así como en la Suprema Corte, donde la Comisión Federal de Competencia Económica cuenta con el antecedente de haber logrado que la política de la Sener fuera declarada inconstitucional, o incluso a tribunales internacionales bajo el argumento de que forma parte del marco legal económico con el cual fueron aprobados tratados de libre comercio, particularmente el de América del Norte (T-MEC) y debe respetarse en favor de la libre competencia.