Tres meses temiendo que la siguiente fuera ella. Imaginaba que entrarían a su oficina, con policías, y le dirían que ya no trabaja ahí. En realidad, no fue así como despidieron a la directora general adjunta de Evaluación de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero le avisaron de su cese apenas un día antes de que entrara en funciones y la liquidación que le ofrecieron borró 16 años de trabajo.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 11,000 funcionarios públicos de alto nivel han sido despedidos, de acuerdo con ID Hunt, firma de gestión de talento de ejecutivos. Con tanta fuerza de trabajo disponible, las empresas han bajado sus propuestas de salario entre 10 y 20%, sostiene Adriana Martínez Guerrero, directora general de la compañía.

Cada inicio de sexenio suele haber despidos por el reacomodo de los nuevos gobiernos. Ante eso, las empresas “son cautelosas para contratar” a directivos, comenta Martínez en entrevista. Pero ahora se conjugan otros dos elementos: una oferta “muy alta de talento” del sector público y el poco gasto de la administración federal.

Muchas empresas tenían como principal cliente al gobierno. Ahora que éste ha cerrado muchos proyectos, la Iniciativa Privada también está teniendo que reconfigurarse, explica. “Es la tormenta perfecta”.

Para Miriam, la exfuncionaria de la SFP, lo de menos son los salarios. “En la Iniciativa Privada no tengo mucho que hacer. El perfil de lo que hacía es muy específico de la administración pública”, dice. Entró a trabajar a esa dependencia hace 16 años, mediante el Servicio Profesional de Carrera.

Miriam ha pedido ocultar su verdadero nombre, pero El Economista ha confirmado su identidad y el cargo que ostentaba. Su recelo se debe a que  está en un litigio contra la SFP, pues la liquidación que le pretenden pagar es sólo por dos años de trabajo.

El castigo a los salarios

La abstinencia en el gasto, el hecho de que este gobierno se diga de izquierda y, sobre todo, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, crearon desconfianza en las empresas, opina Adriana Martínez. Por ello, “han puesto pausa a las contrataciones”.

Un gerente de finanzas, por ejemplo, hace un par de años podía ganar entre 100,000 y 120,000 pesos mensuales en la iniciativa privada. Ahora aspira a un rango de entre 80,000 y 100,000, informa la especialista en colocación de ejecutivos. Los puestos más comunes, “como estos, son los más castigados”.

Miriam ganaba cerca de 70,000 pesos al mes en la SFP. Parte de las tareas que coordinaba era la evaluación de 285 instancias públicas. Con su equipo, desarrolló una metodología para saber cuáles tenían mejor desempeño y cuáles peor. De hecho, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tenían un proyecto de eliminar o fusionar varias áreas de diferentes dependencias.

Reina incertidumbre

Sebastián es otro funcionario que salió en esta administración. También él prefiere resguardar sus datos reales para evitar obstáculos en su nueva fuente de empleo. De igual manera, El Economista ha confirmado su identidad. Era director de área en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). A él sí le respetaron su antigüedad de cuatro años en el monto de liquidación.

En su opinión, es normal que en un cambio de gobierno salgan y entren nuevos funcionarios. Sin embargo, esta depuración ha sido de mayores proporciones, señala. Coincide con Miriam en que esto ha provocado la pérdida de mucho talento y experiencia, lo cual redunda en el servicio que se está dando a la población.

Cuando él fue despedido el proceso fue “terso”. Las autoridades respetaron sus derechos y su dignidad. Miriam cuenta otra historia, una de incertidumbre por ver “caer” a varios compañeros. Un director, quien estaba bajo sus órdenes, un día de enero pasado llegó a la SFP y los policías no lo dejaron pasar y le informaron que ya no trabajaba ahí. Y esa incertidumbre es también para quienes se quedan, comenta Sebastián. “No saber qué funciones van a desempeñar ahora, sentir que ahora sigues tú, da una percepción de inseguridad muy alta”.

Miriam contrató los servicios del despacho Trusan & Roma, donde han recibido 7,000 casos de funcionarios. De ellos, 3,000 son por despido y, particularmente, 1,500 habían entrado a trabajar por el Servicio Profesional de Carrera.

Los otros 4,000 litigios corresponden a quienes la 4T les redujo el salario, informa Rodolfo Martínez, socio de esa firma. El 90% de estos funcionarios han obtenido una suspensión definitiva, por lo que les tendrán que mantener el monto de lo que ganaban.

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