La reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador no es factible, no mejorará las finanzas de la Comisión ni la economía de los consumidores mexicanos, coincidieron expertos.

Miriam Grunstein, abogada del sector energético mexicano, explicó que en primer término el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo tres años con la popularidad al máximo y la mayoría calificada en el Congreso, lo que perdió con las pasadas elecciones intermedias para la Cámara de diputados. 

“Ahora depende de sus aliados y ya que no tiene tanto poder, ya no es el mismo arrastre ni incentivo político para otros políticos, ya la van a pensar dos veces antes de apoyar algo que les puede costar la carrera política si los mercados castigan al país”, dijo, “incluso dentro de Morena se lo van a pensar dos veces, la situación ya cambió y mucho”. 

Y si el objetivo es fortalecer a la CFE, la estrategia no puede ser fabricarle una preponderancia a la fuerza con 54% de los clientes para dejarle a los privados el otro 46%, a pesar de que sus propios números indiquen que está perdiendo.

Para que la CFE se fortalezca es necesario dejar madurar al mercado y esto toma tiempo, además de que requiere de análisis y experiencia de verdaderos conocedores del tema, no del gabinete actual que se está enterando de lo que acontece en el mundo ni incluso de los asesores anteriores que implementaron la reforma y con las prisas políticas dejaron muchos temas por resolver. 

Otro gran tema, según Grunstein, es que los esquemas viciados como el autoabasto en que particulares se venden entre sí al precio que desean porque tienen las capacidades, deben desaparecer, y así la CFE pueda competir en un mercado verdaderamente mayorista, no con excepciones para algunos, ni siquiera para la propia estatal que sin duda podría bajar sus tarifas y arrebatarle clientes a los privados si no tuviera que financiar actividades de privilegios heredados de regímenes anteriores para algunas empresas. 

“Yo no quería llegar a una reforma constitucional de la industria eléctrica. Todavía no se publicaba la ley y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos, entonces, ¿qué nos queda? Presentar una reforma constitucional en materia eléctrica”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma que busca tiene el objetivo de reducir las tarifas eléctricas para los consumidores finales, y rescatar a la CFE para que siga siendo la empresa con mayor volumen de activos del país. 

Y es que únicamente del 2005 al 2020, la participación de privados en la canasta de capacidad instalada de electricidad en México pasó de 15.2% cuando existían los regímenes de autoabasto, importación, exportación, cogeneración y producción independiente de energía que se venía a la CFE, a 38.2% en 2020, con una capacidad de 33,626 megawatts reportados al cierre del año pasado. 

Mientras tanto, la capacidad de la CFE bajó en más de 5,000 megawatts que en 2020 salieron de operación por cuestiones de mantenimiento u obsolecencia, con lo que la estatal mantuvo una capacidad de 54,341 megawatts de los 87,969 megawatts que hoy tiene el país, por lo que el gobierno federal pretende aumentar su capacidad y dominancia en el mercado mediante inyecciones de capital. 

Sin embargo, para el experto de la Plataforma México y Energía, Víctor Ramírez Cabrera, rescatar a CFE no debería implicar encarecer el sistema eléctrico, sino que la estatal podría ser verdaderamente rentable si se sube a la ola de la transición energética global, compitiendo con su potencial, apostando por lo que le deja ganancias que es la transmisión, distribución y algunas centrales de generación y si es capaz de aliarse con otras empresas para transferencia tecnológica o proyectos en conjunto que le permitan aprovechar mejor lo que ya tiene, como las hidroeléctricas, según expuso en Twitter. 

karol.garcia@eleconomista.mx