La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) acusó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de no hacer investigaciones a fondo de los dictámenes preliminares de la Unidad Investigadora del Instituto que resolvían que Grupo Televisa sí tiene poder sustancial en el mercado de tv de paga y por tanto, no imponer medidas regulatorias a la televisora.

La Amedi dio como referencia que recientemente el IFT resolvió por segunda ocasión consecutiva que Grupo Televisa no tiene poder sustancial en el mercado de televisión de paga. Lo que implica que el Instituto no impondrá medidas regulatorias a un servicio evidentemente concentrado en un mismo grupo económico que, según cifras del regulador al tercer trimestre de 2015, aglutina 60.9% de las suscripciones .

La Asociación, que preside Jorge Fernando Negrete, dijo que en en ambas resoluciones (cuando la adquisición de Cablecom y de Telecable), el IFT no realizó una indagación a fondo. Aun cuando la televisora realiza nuevas adquisiciones de empresas, el IFT no modifica sus opiniones ni sus argumentos de una resolución a otra .

Explicó que el regulador ha ignorado, además, que las redes de tv de cable son locales o regionales; en cambio, les otorga un tratamiento nacional, cuando las redes de TV de cable no poseen esa característica. El IFT pudo determinar el poder sustancial en los mercados, por ciudades o regiones, donde las empresas cableras de Televisa tienen una cuota de mercado relevante o donde los competidores encuentran barreras de entrada o falta de incentivos para competir con esa empresa .

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La primera investigación de oficio que abrió el IFT fue por la adquisición de Cablecom por 7,000 millones de pesos y la segunda, por la compra de Telecable por 10,200 millones de pesos.

Sin embargo, el IFT ha afirmado que no existen elementos suficientes que permitan concluir que Grupo Televisa puede fijar precios de manera unilateral o restringir el abasto en los mercados analizados sin que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder .

Pero lo que no hace el IFT, acusó, es indagar en ciertas dinámicas del mercado.

La Amedi reconoció que si bien el tamaño de una empresa no es condición suficiente para señalarla con poder sustancial de mercado, el regulador no tomó en cuenta que una de las principales barreras de entrada es la producción o compra de contenidos, cuyos costos se elevan para los competidores de Televisa dada su menor capacidad financiera, menor eficiencia económica, menor número de suscripciones y su restringido poder de negociación con los productores de contenido y de señales de televisión, ante un operador con 60% de participación en el mercado.

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Dijo que el IFT tampoco analizó el creciente mercado de la publicidad en TV de paga, la distribución del mismo y las ventajas competitivas de operar seis sistemas de TV restringida con la mayor cuota de mercado.

Las redes de TV de paga de Televisa constituyen la principal plataforma de distribución de contenidos, lo cual le otorga poder de mercado y poder sobre aquellos contenidos y señales que los suscriptores pueden y no pueden ver, afectando la diversidad.

En las 62 localidades donde opera la concentración Televisa-Telecable, el promedio de participación de mercado de las empresas fusionadas es de 82.5%, claramente, los incentivos para competir en un mercado con ese grado de concentración se reducen, lo que favorece un ambiente oligopólico, de fijación de precios y de escasa o nula diversidad y pluralidad.

En cuanto a la reconfiguración del mercado, no se observan en el corto plazo nuevos participantes, mucho menos cuando Televisa ha adquirido otras empresas cableras y el preponderante en telecomunicaciones está impedido de prestar el servicio.

La autoridad sólo capturó una instantánea fija del presente ; pero no tuvo una visión de conjunto ni a largo plazo del mercado de TV de paga, de las barreras de entrada para que participen otros jugadores y, lo más importante, de si el mercado tiende o no a la competencia y la concentración.

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La Amedio planteó al IFT nombrar a un equipo de expertas y expertos en temas de competencia económica para que den su opinión sobre las resoluciones del Pleno, en un ánimo de inclusión, deliberación y máxima transparencia.

cjescalona@eleconomista.com.mx

mfh